El despertar del Cortijo del Fraile

La mesa de reuniones de la delegación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería se quedó pequeña la semana pasada para celebrar la reunión de la junta rectora del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Se colocaron sillas hasta en tercera línea. De entre los puntos del orden del día, amén del plan de gestión de movilidad sostenible dentro del parque, destacaba el último: la constitución del grupo de trabajo sobre el Cortijo del Fraile. No faltó nadie. Alrededor de la mesa se sentaron grupos ecologistas, los delegados territoriales de Medio Ambiente y de Cultura, el alcalde de Níjar, técnicos y, por vez primera, el representante del propietario de la hacienda, en cuyas proximidades tuvo lugar el 22 de julio de 1928 el suceso conocido como crimen de Níjar y que inspiró el drama en verso de Federico García Lorca titulado Bodas de Sangre. En esa reunión, el propietario puso sobre la mesa la posible “cesión o permuta” de estos terrenos.

El Cortijo del Fraile fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2010 y su propietario desde 1995, José Antonio Cánovas, no ha realizado ninguna intervención en el inmueble desde su adquisición. Cánovas, dueño de la empresa murciana Agrícola del Mar Menor, solo presentó un proyecto de transformación a regadío por el que actualmente tiene en producción 300 de las 730 hectáreas de la finca.

Pero fue a partir de septiembre de 2011 cuando Cultura, tras varios comunicados a la propiedad, abrió un expediente sancionador después de que los técnicos dieran fe del deterioro del cortijo. “Vemos que hay una dejadez reiterada y aplicamos el artículo 14 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía”, señala la delegada territorial, Isabel Arévalo. Se inició así un procedimiento administrativo que acumula ya siete multas coercitivas por importe de 3.700 euros cada una, el 10% de los 37.000 euros en los que Cultura valora la redacción de un proyecto para la conservación del inmueble exigida al propietario.

El artículo 16 de la misma ley explica que en caso de que las personas obligadas a la conservación no ejecuten voluntariamente esta acción, la Administración puede imponer multas cada mes o proceder a la ejecución subsidiaria de las mismas a cargo de la propiedad. “Ellos no han abonado ninguna multa. Pueden alegar, hacer recursos de alzada. Pero al final se resuelve y podremos recuperarlo”, remacha Arévalo.

La sorpresa del encuentro del pasado martes estuvo protagonizada por el representante de la propiedad, el ambientalista y consultor Miguel Villalobos, quien puso sobre la mesa cuatro propuestas para recuperar el cortijo. La primera se basa en la “creación de una fundación” con todas las Administraciones; la segunda consiste en la “permuta” de unas 400 hectáreas; la tercera pasaría por la “cesión en usufructo” por un tiempo determinado, establecido por las instituciones; y la cuarta vía estaría basada en “cualquier propuesta procedente de Cultura, del Ayuntamiento nijareño o de las dos Administraciones a la vez”.

En la misma reunión, Villalobos llegó a revelar la existencia de dos fases negociadoras con representantes de la Junta de Andalucía en los tres últimos lustros. La primera, en 1997, motivó incluso la redacción de un “borrador de convenio” que quedó abortado; la segunda, entre los años 2008 y 2011, con una retahíla de reuniones “al más alto nivel político provincial” que perseguían permutar el 50% de la finca incluyendo el inmueble. Tampoco cuajó.

La presión social ha ido en aumento con la activa manifestación en pro de la conservación del Cortijo del Fraile por parte de colectivos como Grupo Ecologista Mediterráneo, Equo, Asociación de Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata, Amigos de la Alcazaba de Almería y Ecologistas en Acción. Son múltiples y variadas sus actividades culturales reivindicando la recuperación de este patrimonio.

El presidente de la junta rectora del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, José Antonio Martínez Soler, propuso crear un grupo de trabajo sobre el Cortijo del Fraile para buscar una solución a la situación de deterioro. La pretensión es que en este grupo de trabajo participen el propietario del cortijo, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Níjar, la Diputación de Almería y otros miembros de la junta rectora del parque.