Un fantasma recorre Europa

Ya no es el fantasma que —según el célebre Manifiesto— combatían conjuntamente el Papa, el Zar, Metternich y Guizot. El fantasma es ahora un denostado populismo que inquieta a los poderes establecidos de la Europa de Bruselas. O, mejor, de Frankfurt y Londres. A efectos dialécticos, se agrupan en un totum revolutum diversos movimientos que comparten la impugnación del orden político y económico dominante. Porque se extiende la conciencia de que ni las decisiones económicas de un liberalismo maquillado, ni los recortes en derechos sociales camuflados como reformas restaurarán los equilibrios anteriores a la Gran Recesión. Aquella conciencia activada en forma de movilizaciones sociales —mareas, plataformas, partidos-protesta, colectivos, procesos constituyentes— suscita ahora cierto desasosiego entre quienes intentan parchear el desaguisado que ellos mismos perpetraron o toleraron.

Lanzar la descalificación de populista sobre tales movilizaciones es una estratagema defensiva por parte de los detentadores del poder económico y político. Por ello conviene señalar que entre aquellas movilizaciones existen importantes diferencias de sustancia y de acento. No todos los presuntos populistas entienden que la salida de la crisis consista en apuntar a la inmigración foránea como causa principal del desempleo, de la inseguridad o del desgaste de los servicios sociales del Estado del Bienestar. Ni tampoco comparten todos la idea de que atrincherarse tras las fronteras del estado-nación constituya un buen remedio. Tampoco entienden que el desastre pueda ser aliviado mediante la inspiración de liderazgos personales que exijan una confianza incondicional y sin reglas. A diferencia de estas recetas simplistas, hay quienes sostienen que la raíz del problema no está ni en la inmigración, ni en la interdependencia entre sociedades. Y que la solución no vendrá de nuevos caudillajes, aunque sean ahora de factura mediática.

Lo que se denuncia es un sistema que presenta como natural una prefabricada pauta de relaciones socioeconómicas en la que la competencia egoísta se impone a todos como inexorable ley de vida: en lo político y en lo económico. Incluso lo que parecería conducta altruista no sería sino la manifestación de un egoísmo refinado a la caza de satisfacciones más sutiles que un provecho material e inmediato. A partir de aquí, apenas hay límites para la ambición por apropiarse de la riqueza, del poder o del prestigio. Desigualdades de todo tipo se convierten en efecto natural de esta lucha selvática. Incluso son apreciadas como estímulo para intensificar aquella dinámica competitiva. Pasan a segundo plano, por tanto, sus efectos devastadores, agravados por las políticas emprendidas como reacción a la Gran Recesión.

Sobre tales efectos tenemos datos concluyentes de fuentes muy solventes. Se multiplica la desigualdad entre rentas del capital y rentas salariales. Aumenta la desigualdad entre patrimonios con estancamiento de la movilidad social. Se ensancha la gran brecha entre asalariados: entre los denominados milloneuristas y los sub-mileuristas. Se incrementa el porcentaje de trabajadores temporales (por horas, por días, por semanas), convertidos en nuevos jornaleros, al estilo de los que padecían la arbitrariedad de los caciques del latifundismo tradicional. Sube el número de parados sin subsidio. Emigran jóvenes con elevada calificación. Aumenta la pobreza. No solo entre los desocupados, sino incluso entre trabajadores con retribuciones miserables, sujetas a la perversamente denominada “moderación salarial”. Se extiende la pobreza infantil, con repercusiones negativas sobre el rendimiento escolar y el futuro laboral de sus víctimas.

Cambio tecnológico, interdependencia global y sobreexplotación del medio obligan ahora a replantear las premisas de un sistema cuyos gestores se resisten a revisar

No se trata de fenómenos pasajeros. Son tendencias persistentes. Algunas anteceden a la crisis porque acompañan a la hegemonía de un capitalismo financiero que rompió un armisticio entre economía liberal y democracia social, trabajosamente concertado en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Bajo la amenaza —dicho sea de paso— de la alternativa soviética. Los resultados de aquella ruptura de hostilidades están a la vista.

Cambio tecnológico, interdependencia global y sobreexplotación del medio obligan ahora a replantear las premisas de un sistema cuyos gestores se resisten a revisar. Se limitan a reparaciones de emergencia. Unas reparaciones que no parecen bastante efectivas, ni con sus recetas austericidas, ni con la moderación de los excesos de los llamados sado-monetaristas.

La revisión reclama una rectificación cultural. O ideológica, si se prefiere. Es la revisión que debería sustituir la cultura de la competitividad a ultranza por la de la solidaridad y la cooperación, inspirando nuevas políticas. Por ejemplo, la redistribución de las rentas incorporando decididamente una renta ciudadana universal. O el reparto equitativo del trabajo, no solo por razones económicas, sino por exigencias de desarrollo personal y social. Con un reparto del empleo democráticamente acordado en función de criterios de interés común y no mediante la distribución salvaje que ahora soportamos.

Que esta revisión de fondo ha arrancado lo revelan los intentos de desacreditarla. Costará hacerlo porque viene sustentada en argumentos y datos suministrados no solo por benévolos reformadores sociales, sino por expertos economistas, algunos de ellos galardonados con premios Nobel y otras distinciones académicas. Como es sabido, todo cambio de hegemonía cultural es lento porque choca con enormes resistencias. Lo importante es que el proceso parece estar en marcha.

Josep M. Vallès es profesor emérito de Ciencia Política (UAB)