El Defensor del Pueblo andaluz alerta del deterioro de los servicios sociales

“Buena parte de la población andaluza se encuentra en una situación crítica”. El último informe del Defensor del Pueblo andaluz viene a confirmar una realidad que se viene denunciando desde hace ya meses. La crisis económica no solo ha agravado la situación de los colectivos más vulnerables sino que, además, se ha llevado por delante parte de los derechos sociales de sectores hasta el momento ajenos a sus consecuencias, principalmente, la clase media. “El estado social, lejos de mejorar, presenta síntomas más profundos de deterioro”, resume Jesús Maeztu. Ante esta realidad, el Defensor alerta del deterioro de los servicios sociales y exige a las Administraciones que garanticen a las familias “una renta mínima y unos suministros esenciales”.

Según el informe sobre la gestión realizada por esta institución en 2013 —entregado al presidente del Parlamento, Manuel Gracia—, más de 42.500 ciudadanos acudieron a esta oficina en busca de protección (5,5% más que el año anterior), lo que se tradujo en 18,779 actuaciones, entre ellas, 9.624 quejas. El 40% de la actividad de esta institución, según Maeztu, se centró el año pasado en los apartados de servicios sociales, vivienda y menores.

El órgano recibe 588 quejas por los retrasos en la ayuda a la dependencia

En cifras, el Defensor del Pueblo andaluz registró 588 quejas por la “ralentización” de las ayudas a la dependencia —aunque a finales de 2013, aprecia que la paralización “toca a su fin”—, 330 por el colpaso de la Justicia, 487 por las “abusivas” cláusulas suelo de las hipotecas y 345 por la situación de desprotección de menores. Entre estas situación de indefensión, el informe se hace eco de las 200 denuncias registradas por desahucios, que afectan, “en buena parte”, a familias con niños. En este sentido, el Defensor ha exigido a las Administraciones “un cambio estratégico en las políticas de vivienda”. También les ha pedido que trabajen para resolver el problema de endeudamiento de las familias con una ley de segunda oportunidad para que “puedan pagar con plazos más asequibles”.

Sobre la actuación de los Gobiernos, el Defensor denuncia que la reforma de la Administración local puede “empeorar” la calidad de la prestación de servicios como el de la dependencia, ya que los pequeños Ayuntamientos verán reducidas sus competencias “a la información y evaluación”. Sobre este servicio, Maeztu apuesta por el establecimiento de una fecha de pago de los retrasos de 2013 y por la ayuda a domicilio como fuente para crear “empleo”. Asimismo, el Defensor valora positivamente las medidas tomadas por la Administración andaluza para luchar contra la pobreza, entre ellas el plan contra la exclusión social, pero las califica de “insuficientes”.