Hablando de violencia

Esta última semana se ha hablado mucho de violencia. No me refiero solo a las secuelas de los hechos violentos que protagonizaron una minoría de los asistentes a la gran manifestación por la dignidad del 22 de marzo en Madrid. Hablo de la violencia que suponen también las altas tasas de desigualdad en las que nos estamos acostumbrando a vivir, con sueldos de altos ejecutivos que resultan agresivos a los ojos de quiénes apenas si subsisten. De violencia habla asimismo el informe dado a conocer esta semana la Unesco sobre pobreza infantil  que sitúa a España en el segundo país de la Unión Europea, tras Rumanía, con el mayor número de niños viviendo en hogares pobres. También se ha publicado esta semana el informe de FOESSA que constata como, tras seis años de crisis, el espacio de exclusión social se ensancha, con pérdidas de renta de los hogares y caída de los salarios. Se ensancha la brecha de desigualdad, y en la Unión Europea sólo Bulgaria y Letonia nos superan en ese aspecto. En el mencionado informe se habla de violencia cuando se afirma: “el aumento de la pobreza y su cronificación, intensidad y severidad es una de las manifestaciones más crueles… de la insuficiencia del compromiso público con los hogares más vulnerables”. Las necesidades sociales no dejan de aumentar y mientras el acceso a los derechos y los recursos públicos no dejan de menguar. El resumen es inapelable y violenta a quién lo lee: pobreza creciente y derechos menguantes.

Mientras, en el Parlamento de Cataluña se aceptaba a trámite esta misma semana la ILP (con más de un millón de firmas) sobre la renta mínima garantizada, y uno de sus promotores, al presentar el texto, afirmaba “cuanto sufrimiento nos hubiéramos ahorrado si este proyecto de ley se hubiera ya aprobado y aplicado”. Todo hace suponer que el texto será enmendado y retocado para reformar la actual “renta mínima de inserción”, lejos de los objetivos de sus promotores. Mañana lunes empieza el juicio a los que se acusa de usar la violencia en junio del 2011, cuando se rodeó el Parlamento. En los casi tres años transcurridos desde entonces la tensión social en Cataluña no ha dejado de aumentar, y nada parece presagiar que las políticas públicas pensadas para otra época y desde otras coordenadas, puedan conseguir detener la creciente violencia estructural en la que estamos inmersos y que se manifiesta a cada momento en el sistema sanitario, en el sistema educativo, en las crecientes dificultades para hacer efectivo lo dispuesto en la ley de dependencia o en el conjunto de los servicios sociales en funcionamiento.

Hace ya muchos años que Loïc Wacquant nos explicaba en su libro Castigar a los pobres, que el énfasis en la seguridad y la criminalización de toda disidencia era la respuesta punitiva a la falta de capacidades estructurales del nuevo “capitalismo mundial del riesgo” (Beck) para amortiguar los efectos de la creciente desigualdad y la ampliación de los espacios de privación y de exclusión social. El ministro Jorge Fernández Díaz es la expresión de esa violencia estructural que reclama seguridad, entendida solo en singular, y asimilada a orden público. Frente a la violencia, la crueldad, el desorden y las inseguridades del sistema económico, el orden y la seguridad al servicio de que todo siga igual. Decía Roosevelt, frente a la gran crisis del 29, que “no tenemos nada que temer, sino el temor mismo”. Ya que es en esa atmósfera de temor y de miedo donde florecen violencia y autoritarismos de todo tipo. Si no hay canales por dónde hacer llegar las acuciantes necesidades de las gentes, o esos canales no dan respuesta alguna, esas mismas gentes se organizan y buscan soluciones. Pero otros, de manera ciega, expresan rechazo e ira. Llevamos años de crisis y de manifestaciones y está bastante claro que a la violencia institucional le resulta conveniente deslegitimar las protestas con las actitudes agresivas de unos pocos. Si no somos ya capaces de mantener la paz social con los mecanismos redistributivos que usábamos, deberemos ir pensando colectivamente en otros medios, como el uso de lógicas predistributivas (límites a los salarios de ejecutivos, fijar precios, regulación de mercados, prioridad a gastos en infancia,…) antes que la violencia estructural e institucional dominante nos conduzca a escenarios inmanejables.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política e investigador del IGOP de la UAB.