Los libros siguen condenados

El 17 de octubre de 1936, Urania Mella Serrano, una de las siete hijas del total de 13 descendientes que tuvo Ricardo Mella, el gallego pionero del anarquismo, fue condenada a muerte por el delito de rebelión, por el mismo tribunal que condenó a idéntica pena a su marido, Humberto Solleiro. Solleiro, militante de UGT fue fusilado en el monte de O Castro el 30 de octubre, pero a Urania, perteneciente a Mujeres Antifascistas, le fue conmutada la pena por cadena perpetua primero y después por 12 años de cárcel. Murió en 1945, dos años después de salir, en Lugo, a donde se había trasladado para evitar el rechazo social. En diciembre de 2010, al amparo de la Ley de Memoria Histórica, el ministerio de Justicia le expidió una declaración de reparación y reconocimiento personal, pero la práctica es otra cosa.

Entre las pruebas que apreció válidas en aquella farsa de juicio el Juzgado Militar Eventual nº 2 de Vigo en aquellos días posteriores al golpe, además de delaciones y cotilleos, estaban –según se puede leer en las actas de la causa 868/1936, “un carnet de Tranvías Eléctricos de Vigo C.A”, “tres folletos de propaganda marxista” y “una fotografía”. De todo ello se conserva en la causa la propaganda ­–no estrictamente marxista-: Sindicalismo y socialismo, de José Prat y Sindicalismo y anarquismo, de Ricardo Mella (Ed. Cultura Libertaria de A Coruña); En defensa del anarquismo. Lucha de clases, de Ricardo Mella (Imprenta Germinal de Barcelona) y Llamamiento del Comité Central del Partido Comunista (Prensa Obrera de Madrid).

En enero de este año, Raúl Solleiro Mella, hijo de Humberto y Urania empeñado en reivindicar la memoria de su abuelo y de sus padres, solicitó al Tribunal Militar Territorial número 4 de A Coruña el desglose de esas publicaciones (es decir, su devolución), dado su carácter de “objetos personales ajenos al procedimiento” y “debido a su valor histórico y sentimental, y ello sin perjuicio de que se deje testimonio de los mismos en el procedimiento”. El pasado 11 de marzo, la sección de Amnistías del Tribunal Territorial Cuarto le comunicó al abogado de Raúl Solleiro que la petición había sido denegada.

Dado que ya habían transcurrido 50 años, “no existe inconveniente para su consulta” [la de la documentación], pero en base al Reglamento de Archivos Militares, quienes hayan sido parte de un procedimiento o tengan interés legítimo en él pueden acceder “mediante exhibición, testimonio o certificación”. Nada de llevárselos, puesto que lo solicitado “forma parte de la causa, estando incorporados a la misma y foliados, no pueden ser objeto de entrega, y sí de exhibición, testimonio y certificación”.

“¿A santo de qué tienen derecho a quedarse con objetos personales, 80 años después, si la causa que instruyeron entonces era ilegal?”, se indigna Raúl Solleiro, invocando la reparación firmada por el entonces ministro de Justicia Francisco Caamaño en la que se aludía a la “sentencia dictada sin las debidas garantías, por el ilegítimo Consejo de Guerra Ordinario celebrado en Vigo el 17 de octubre de 1936”. El hijo mayor de Urania Mella, su único acompañante en sus últimos años en Lugo, con 17 años, conserva de su madre poco más que alguna fotografía y el recuerdo de que “cuando salió de la cárcel, del País Vasco, era una mujer vencida, que me hizo prometer que nunca me metería en política”.

No se metió en política, pero conservó las ideas y salió tozudo. “Recurriremos. No sé todavía cómo, ni ante quien, ni de qué forma, pero seguiremos adelante hasta encontrar alguna brecha”, se contagia el abogado que lo representa, Guillermo Presa. La negativa del tribunal militar a devolver los libros de su madre no es la única brecha entre teoría y práctica en la reparación de la memoria de la martirizada hija del teórico del anarquismo que construyó y dirigió la red tranviaria de Vigo. El 17 de octubre de 2008, en el aniversario del juicio sumarísimo, se botaba en el puerto vigués el Urania Mella, un moderno y potente buque anticontaminación, entre un gran despliegue de autoridades encabezados por la ministra de Medio Ambiente, Elena Salgado, pero sin ninguna presencia de la familia, a la que no habían avisado. El pasado mes de agosto, Salvamento Marítimo no renovó el flete y el barco, propiedad de Sertosa, no hace exactamente la labor para la que fue concebido: está de buque gasolinera en el puerto de A Coruña, y con otro nombre, Monte Aruca.