La Audiencia recrimina a Alaya que en dos días cambie “radicalmente” de criterio

La Audiencia de Sevilla ha criticado que la juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE, haya “cambiado radicalmente de criterio en dos días” en un asunto sobre el que diversas defensas presentaron un incidente de nulidad. Los jueces hacen hincapié en su sorpresa ante dos decisiones enfrentadas de la magistrada en menos de 48 horas: “No dejamos de observar la peculiaridad del supuesto”, resalta la Audiencia en dos resoluciones del pasado 17 de marzo.

Cuatro ex altos cargos imputados reclamaron por sufrir “una grave indefensión” durante la instrucción, y ahora la Audiencia resalta que no puede entrar al fondo del asunto, pero sí muestra su sorpresa ante dos decisiones opuestas de Alaya tan seguidas en el tiempo. Los jueces de la Audiencia destacan que los fiscales del caso apoyaron el cambio de opinión por parte de Alaya, sin argumentación alguna al respecto. El pasado 27 de noviembre Alaya emitió un auto por el que rectificó una providencia emitida “de sentido contrario” el día 25 del mismo mes, destaca la Audiencia. En un principio Alaya admitió el incidente de nulidad propuesto por los imputados, pero solo dos días después corrigió su decisión, un cambio de criterio que ahora subraya la Audiencia.

Alaya admitió el retraso, pero lo calificó de “error sin trascendencia”

El incidente lo plantearon los ex directores generales de la Junta Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera, a los que se sumaron los ex directores de finanzas del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) Pablo Millán y Juan Vela, para exigir la anulación de sus declaraciones como imputados el septiembre pasado.

Los ex altos cargos acusaron a la juez de ocultarles una informe clave sobre las transferencias de financiación, la herramienta que la Junta usó para abonar los ERE. El exinterventor Juan Luque entregó dicho informe en el verano de 2012 durante su declaración como testigo ante la Guardia Civil, y se remitió a la instructora el 27 de junio de 2013. Sin embargo, Alaya tardó tres meses en trasladarlo a las partes y les informó en una providencia de que había recibido el oficio “el pasado 30 de septiembre”. La evidencia de que la juez dispuso del informe dos meses antes de esa fecha es que el 25 de julio formuló una pregunta al ex interventor general Manuel Gómez sobre la declaración de Luque.

En su descargo, Alaya definió el retraso en la entrega como “un mero error sin trascendencia alguna” y alegó que la Guardia Civil le dio dos legajos, uno para ella que incluía la declaración de Luque, y otro para las partes, que carecía de la misma. Alaya tardó tres meses en trasladarla a las partes y les informó de que había recibido el oficio el 30 de septiembre, pese a que en realidad la tenía al menos desde hacía dos meses.

Cuatro altos cargos le acusaron de ocultarles un informe tres meses

Ahora la Audiencia rechaza la reclamación de los imputados ante Alaya, ya que el incidente de nulidad planteado es “irrecurrible” según la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los jueces invitan a los acusados a usar “remedios jurídicos” si estiman que sus derechos fundamentales han sido vulnerados, sin aclarar la fórmula pertinente.

Los enfrentamientos entre las defensas y Alaya se han recrudecido en los últimos meses al mismo ritmo que las correcciones y lapsus de la juez se han multiplicado debido posiblemente a la gran carga de trabajo que soporta el juzgado. Alaya renunció en su día a contar con un juez de refuerzo extra que le ofreció el Tribunal Superior de Justicia (TSJA), para así aliviar el retraso acumulado.