Primer juicio contra la red de mayoristas chinos que estafó 64 millones a Hacienda

Changyong P. es el primero de los empresarios chinos que se sienta en el banquillo de los acusados por un fraude millonario que Hacienda hizo público hace poco más de un año, y que provocó un terremoto en la gigantesca malla de mayoristas chinos que se extiende entre Barcelona, Badalona y Sant Adrià. El fiscal pide 16 años de cárcel para el hombre por haber estafado al fisco 1,5 millones a costa del IVA y el impuesto de sociedades entre 2008 y 2011.

El caso particular de Changyong P. ilustra cómo la red de mayoristas chinos logró eludir el pago de impuestos a la Agencia Tributaria. Según el escrito del fiscal Ricardo Sanz Gadea, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el acusado regentaba la empresa Saida Li Import Export, que posee un almacén en un polígono de Badalona. La compañía se dedica al comercio, al por mayor, de “toda clase de artículos: ropa, perfumería, hogar, juguetes, bisutería, maletas, marroquinería y objetos de regalo en general”.

La empresa utilizaba un programa informático que permitía “discriminar” las ventas: una pequeña parte se añadía al registro “oficial”, pero el resto se ocultaba. Además, la mayoría de operaciones eran “en efectivo”, lo que facilitaba aún más su clandestinidad. Gracias a ese sistema, el volumen de negocio parecía más pequeño de lo que era en realidad, por lo que la cantidad de impuestos a pagar también era menor. En cuatro años, según la tesis del fiscal, Changyong P. logró defraudar 704.396 euros a costa del IVA, y otros 817.007 euros en el impuesto de sociedades.

En octubre de 2011, los inspectores de Hacienda se presentaron, por orden judicial, en ese y otros almacenes del área de Barcelona. La institución presentó los resultados en enero de 2013: 18 denuncias contra 43 personas acusadas de 133 delitos fiscales y una cuota defraudada que superaba los 64 millones de euros.

La investigación destapó que los empresarios compraban en China gran cantidad de productos —los típicos que se venden en los bazares— que llegaban a Cataluña a través del puerto de Barcelona. Con la colaboración de un agente privado de Aduanas, los mayoristas lograban no declarar alrededor del 70% de las importaciones.

Algo similar ocurría a la hora de vender —directamente a bazares o a responsables de mercadillos— los productos. Según el escrito del fiscal sobre Changyong P., en la empresa se hallaron dos archivos informáticos que “recogían toda una serie de ventas no incluidas en el libro de facturas”. Según la documentación, además, buena parte de los productos comprados “no estaban contabilizados ni recogidos” en los libros. En la caja de la empresa, además, se encontraron 58.095 euros en efectivo, una cantidad “singularmente superior a la razonable”. El “patrimonio personal” del acusado, además, era de “cierta relevancia”, algo que “resultaría imposible con los ingresos declarados.

Además de los 16 años de cárcel, el fiscal pide para el acusado el pago de una cuantiosa multa. Y solicita otros dos años de cárcel para Shuangyong L., que le sucedió como administrador. La mayoría de la quincena de causas abiertas por este fraude aún están en fase de instrucción.