Erkoreka considera que el Constitucional no “marca una pauta” para Euskadi

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, considera que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre Cataluña ni zanja ningún problema ni "marca una pauta en Euskadi", que tiene sus "propios retos". "Sería un error pensar que la sentencia zanja algo", ha explicado en una comparecencia en Bilbao, "porque devuelve la pelota a los responsables políticos e institucionales, dejando claro que es posible un marco de diálogo, negociación y acuerdo que es preciso desarrollar".

La sentencia del Constitucional estima la impugnación presentada por el Gobierno central contra la declaración soberanista aprobada por el Parlamento catalán.  "Tenemos que encontrarnos a nosotros mismos en el seno de una ponencia parlamentaria donde todas las formaciones políticas con representación en la Cámara vasca tendrán ocasión de expresar sus puntos de vista y entablar la negociación y el diálogo que aquí todavía es imprescindible para definir un escenario futuro de autogobierno para Euskadi", ha sostenido.

Erkoreka entiende que el Gobierno central deberá reunirse con los responsables de la Generalitat, ya que "sigue teniendo un problema con Cataluña y sigue teniendo que reunirse con los responsables de la Generalitat para la búsqueda de un marco de diálogo, negociando y acuerdo". Ha recordado así que el fallo dice que en el marco legal y constitucional, respetando los procedimientos establecidos, "por supuesto que todo es posible y todas las aspiraciones políticas se pueden encauzar, defender, sostener, negociar y acordar".

En su opinión, eso es "lo más importante" del pronunciamiento del Constitucional, "que deja claro que nadie puede pretender que el tribunal sustituya a los interlocutores políticos e institucionales y emplaza a estos a que hagan sus deberes y se sienten, hablen, negocien y acuerden".

Ares espera que "los nacionalistas recapaciten y piensen antes sobre las demandas de la sociedad"

Mientras, el portavoz del PNV en el Parlamento, Joseba Egibar, ha asegurado en Radio Nacional que la resolución supone “una sentencia política”, en tanto en cuanto “responde a una declaración política”. A su entender, el alto tribunal “no ha aprobado un texto jurídico en el que se pueda concluir que se colisiona con la Constitución”. Egibar ha enmarcado este pronunciamiento del Constitucional en el intento de los distintos poderes del Estado, con el Gobierno central a la cabeza, de prohibir que el pueblo catalán se pueda expresar a través de una consulta “por miedo a la respuesta que puedan ofrecer democráticamente los catalanes”.

En opinión de Egibar, el modelo de Estado ha quebrado y ahora se está ante la oportunidad de reconducir el problema que no se solucionó en 1978, cuando se adoptó la decisión política de definir 17 autonomías con el único objetivo, a su entender, de diluir las realidades nacionales de Euskadi, Cataluña y Galicia. “El tiempo ha demostrado que el problema no se solucionó. El debate está abierto y no se puede cerrar con la prohibición”, ha aseverado.

Para el secretario de organización del PSE, Rodolfo Ares, la sentencia ha de servir "para que los nacionalistas recapaciten y piensen antes sobre las demandas de la sociedad". Ares ha dicho que el fallo "entra dentro de lo previsible. Los planteamientos que defienden CiU y ERC mezclan lo jurídico con sus reivindicaciones políticas y sus planteamientos jurídicos solamente son un envoltorio para conseguir sus objetivos independentistas".

Para Ares, el máximo intérprete de la Constitución ha dado una respuesta jurídica "muy razonada, que dice dos cosas muy importantes": la primera, "que no puede proclamarse una soberanía de Cataluña diferente y al margen de la del conjunto de la sociedad española". La segunda, "que las referencias que se hacen en la declaración del Parlamento al supuesto derecho a decidir no se consolidarían si no hay una reforma de la Constitución".

El PP cree la sentencia debe ser "muy tenida en cuenta" en la ponencia de autogobierno 

De su lado, EH Bildu ha defendido que la sentencia muestra que "es necesario cambiar las leyes" para que se respeten "los derechos de los pueblos, en este caso del derecho del pueblo catalán, a decidir sobre su futuro".

La parlamentaria de la coalición Belén Arrondo, quien ha comparecido ante los medios en el Parlamento vasco, ha recalcado que el fallo del máximo intérprete de la Constitución "vuelve a poner sobre la mesa que por un lado está la legalidad y por otro la voluntad de las personas, en este caso la de los ciudadanos de Cataluña". "Siempre hemos entendido que las leyes deben estar al servicio de las personas y no al revés. Si en este caso es necesario cambiar las leyes, habrá que hacerlo", ha defendido.

Josu Juaristi, primer candidato a las elecciones europeas por la coalición soberanista, ha sostenido que la decisión "refleja que la propuesta del Estado para los pueblos es el espíritu de la Transición", un sistema "impuesto" y "agotado". Juaristi ha recalcado en una rueda de prensa en San Sebastián que se trata de un modelo político-institucional "inmerso en un profunda crisis" y "sin futuro".

La portavoz del PP vasco, Laura Garrido, ha opinado que la sentencia debe ser "muy tenida en cuenta" por los partidos vascos que puedan tener "tentaciones de plantear propuestas soberanistas y rupturistas" en la ponencia de autogobierno que mañana arranca en el Parlamento.

Garrido ha afirmado que del fallo se extrae la "conclusión clara" de que ninguna comunidad autónoma puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación. Ha añadido que la decisión tiene que "marcar un punto de inflexión" para que Cataluña vuelva "a la senda de la legalidad, el acuerdo y el diálogo" y para que abandone planteamientos "rupturistas".

Finalmente, el único parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha declarado en un comunicado que queda "meridianamente claro que es ilegal y jurídicamente inviable la consulta que el nacionalismo catalán pretende celebrar, que la soberanía reside en el conjunto de los ciudadanos españoles y que la Constitución debe respetarse". "La sentencia zanja jurídicamente la cuestión", ha concluido.