El Parlament aprueba la ley para gravar los depósitos bancarios

Las entidades bancarias con la sede u oficinas en Cataluña tendrán que pagar a partir de ahora un nuevo tributo por sus depósitos. El Parlament dio ayer luz verde a la ley (104 votos a favor) para que los bancos arrimen el hombro y se obtengan ingresos que eviten recortes. Solo el Partido Popular y Ciutadans (26 votos) se descolgaron del consenso. El Gobierno catalán confía en recaudar por esta vía entre 300 y 400 millones de euros, aunque esta suma podrá variar en función del tipo que finalmente se acabe aplicando.

El tributo nació en 2012 de forma tortuosa y parece que seguirá por el mismo camino. El Ejecutivo de Mas aprobó con un decreto-ley el gravamen, a semejanza del existente en Andalucía o Extremadura. La réplica de La Moncloa fue fulminante: instauró un impuesto a los bancos a tipo cero. No solo eso: recurrió ante el Tribunal Constitucional el tributo catalán y la Generalitat hizo lo propio con el del Gobierno central. Así que hay denuncias cruzadas en el Alto Tribunal. En cualquier caso, este rechazó la suspensión cautelar del decreto tal y como pedía el Ejecutivo central. La cuestión es que los partidos intuyen que los bancos irán a los tribunales para ver qué ley acatan: la catalana o la española.

CiU defendió la aplicación de la tasa para recaudar fondos para la extra de los funcionarios. La diputada Montse Ribera tildó el recurso de “sabotaje” a las finanzas catalanas y reprochó que el Estado excluyera a Cataluña de compensarla por la creación de su impuesto con tipo cero. El abogado del Estado calculó que con el tributo la Generalitat habría recaudado 866 millones. ERC, impulsora de la medida, incluida en su pacto de estabilidad parlamentaria con CiU, afeó al Gobierno que haya sido combativo con la iniciativa catalana y, en cambio, no haya recurrido el mismo gravamen en la Comunidad Valenciana, gobernada por el PP, o que lo haya cedido al Gobierno vasco. “Y eso parece que no afecta a la unidad de mercado”, ironizó Aragonès.

El ministro Cristóbal Montoro, que sí anunció un recurso contra el impuesto valenciano para evitar discriminaciones, utilizó la idea de la unidad de mercado para armonizar en todas las comunidades el tributo, que podría acabar siendo súper reducido. Mientras eso sucede, la izquierda señaló que el gravamen demuestra que hay alternativas a los recortes. El ecosocialista Josep Vendrell reprochó al Ejecutivo que si lo hubiera aplicado antes podría haber ingresado 1.000 millones que habrían evitado recortes. Alícia Romero (PSC) planteó una duda que planeó en el debate: que los bancos acaben cargando el tributo a los clientes. No lo dudó Jordi Cañas (Ciutadans) porque cree que el Gobierno no podrá controlar la aplicación del tributo igual que no detectó el fraude de las preferentes. David Fernández (CUP) constató que Cañas evidenció que “la banca siempre hace trampas” y, aunque dio la bienvenida al impuesto, avisó que los bancos pagaran solo migajas. La norma fija tres tramos: hasta 150 millones, un tipo del 0,3%; entre 150 y 600 millones, el 0,4 % y más de 600 millones, el 0,5%. José Antonio Coto (PP) presagió que la tasa es “imaginaria y ficticia” y que no se aplicará.