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Mas ignora el fallo del Constitucional y mantiene su plan independentista

“Encontraremos la solución para esquivar cada escollo que surja”, asegura el presidente catalán

ERC, ICV y la CUP siguen apoyando la hoja de ruta

Artur Mas, presidente de la Generalitat, a su llegada al Parlament. Ampliar foto
Artur Mas, presidente de la Generalitat, a su llegada al Parlament.

La hoja de ruta de la Generalitat para celebrar la consulta de autodeterminación el 9 de noviembre se mantiene inalterable pese a la anulación de la Declaración de Soberanía del Parlamento catalán por parte del Tribunal Constitucional. Artur Mas hizo este miércoles todo tipo de gestos para dar a los suyos sensación de normalidad y dejar claro que el fallo del alto tribunal ya figuraba en el guion. El presidente de la Generalitat se aferró a que, según la sentencia, el “derecho decidir” no es en sí mismo inconstitucional y restó importancia a la parte del fallo más perjudicial para sus intereses. “Encontraremos la solución para esquivar cada escollo que surja en el camino”, sentenció, al tiempo que aclaraba: “El proceso continúa”.

Los asesores de Artur Mas admiten desde hace muchos meses que buena parte de la acción política de la Generalitat alrededor de la consulta está enfocada a dejar claro a los catalanes indecisos que el Gobierno se mantiene inmóvil ante cualquier petición que llegue desde Cataluña. “Cada no que recibimos nos da nuevas razones”, asegura un miembro del Ejecutivo de Mas. Por este motivo, la Generalitat intentará aprovechar la indignación que la sentencia ha producido entre las bases nacionalistas para intentar aumentar el apoyo popular a la consulta.

Joan Herrera, Jordi Turull y Marta Rovira defenderán la consulta en el Congreso.
Joan Herrera, Jordi Turull y Marta Rovira defenderán la consulta en el Congreso.

La estrategia que Mas dibujó este miércoles en el pleno del Parlamento catalán consiste en deslegitimar al Tribunal Constitucional, primero, y poner en guardia al electorado catalán, después, ante el previsible rechazo del Congreso de los Diputados a la petición para que la Cámara autonómica pueda convocar un referéndum de autodeterminación.

El primer argumento que Mas dio durante la sesión de control a su Gobierno fue que no había lugar para la sentencia. “Lo más grave no es lo que dice o no dice la sentencia, sino el hecho de que se haya producido”, dijo, argumentando que la Declaración de Soberanía no es una ley ni un acuerdo legal, sino una “simple” declaración política.

Mas hurgó en la desconfianza que reina en Cataluña hacia el alto tribunal desde que en 2006 este recortó el Estatuto de autonomía. Defendió los intentos de recusación que ha habido hacia algunos de sus magistrados, comenzando por su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, por su afiliación al PP. El presidente catalán rehuyó las graves descalificaciones que otros dirigentes de CiU han lanzado hacia magistrados del Constitucional, pero sí destacó un artículo de prensa firmado por Pedro González Trevijano en el que se refería a los nacionalistas como “nazionalistas”. “¿Usted cree que una persona que escribe estas cosas está capacitada para juzgar lo que hace Cataluña desde el punto de vista de su iniciativa política?”, preguntó Mas a la líder del PP, Alicia Sánchez-Camacho, muy molesta con las críticas que CiU ha vertido sobre los miembros del alto tribunal.

Sin embargo, lo que el presidente catalán intentó convertir en una auténtica tabla de salvación fue la apreciación de los magistrados de que el “derecho a decidir” es constitucional si se lleva a cabo en el marco de la legalidad constitucional. Por esta razón repitió varias veces que nada cambiará. “El proceso continúa; a cada escollo encontraremos una solución para esquivarlo y actuaremos democrática y pacíficamente de acuerdo con los marcos legales vigentes, que son muchos y muy amplios”, resumió al final de su intervención.

Ahora el plan es esperar a la votación del Congreso del 8 de abril sobre la petición de delegación de competencias en materia de referendos. Mas pidió este miércoles algún tipo de gesto a los grandes partidos. Pero el anunciado rechazo de PP, PSOE y UPyD a la iniciativa tampoco le harán rectificar. La Generalitat activará entonces la aprobación de la ley catalana de consultas, con la que Mas pretende dar cobertura legal a la suya. La incógnita está en saber qué ocurrirá una vez que el Gobierno recurra también esta norma. Las elecciones anticipadas son uno de los escenarios más plausibles, según los dirigentes de CiU.

Los socialistas catalanes ven en la sentencia del Tribunal Constitucional una pequeña victoria, básicamente porque cierra la vía a la consulta tal y como la plantea Artur Mas y, en cambio, empuja a la negociación política. De ahí que el líder del PSC, Pere Navarro, llamara a Mas a “subir al autobús del PSC”, en referencia a la reforma federal de la Constitución que persiguen los socialistas para hacer realidad algún tipo de consulta sobre el futuro de Cataluña. PP y Ciutadans le exigieron que abandone la vía secesionista.

Con todo, Mas estuvo bien arropado por sus socios de Esquerra Republicana y también por Iniciativa per Catalunya y la CUP. Todos defendieron que la consulta del 9 de noviembre es inexcusable.

17 meses de desafío

27/9/2012. Primer plazo para la consulta. El Parlamento de Cataluña, con los votos de CiU, ERC, ICV, SI y un diputado del PSC —84 votos afirmativos de un total de 135 escaños—, aprueba que “Cataluña decida su futuro a través de una consulta, prioritariamente en la próxima legislatura”. Lo hace justo después de la manifestación multitudinaria de la Diada.

23/1/2013. El “sujeto político y jurídico soberano”. La Cámara autonómica catalana declara en una resolución que, “por razones de legitimidad democrática”, el “pueblo de Cataluña” tiene “carácter de sujeto político y jurídico soberano”. Acuerda también “iniciar el proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir”. Votan a favor CiU, ERC, ICV y CUP. El PSC, que en la votación de septiembre se había abstenido, vota esta vez en contra, al igual que PP y Ciutadans.

8/3/2013. El Gobierno impugna. Tras mes y medio de silencio, el Ejecutivo de Mariano Rajoy impugna la resolución soberanista de enero, por considerar que es inconstitucional y que podría tener efectos jurídicos en el futuro. “Nuestra obligación es cumplir y hacer cumplir la ley”, afirma la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

8/5/2013. Comisión parlamentaria para impulsar el proceso. El Parlamento catalán crea la comisión parlamentaria del derecho a decidir, encargada de “analizar todas las alternativas para hacer efectivo el derecho a decidir”. Votan a favor CiU, ERC, PSC, ICV y CUP; en contra, Ciutadans. El PP abandona el pleno.

27/9/2013. Los plazos se aceleran. En el debate de política general, el Parlamento catalán aprueba tres resoluciones: la primera pide “diálogo” con el Estado para acordar una consulta legal; la segunda insta a fijar la fecha, la pregunta y la fórmula legal de esa consulta antes de que termine 2013, y a llevar “con carácter urgente” al Congreso la solicitud para convocar el referéndum; la tercera señala que en julio de 2014 la Agencia Tributaria catalana debe estar en disposición de asumir la “gestión plena de todos los tributos soportados en Cataluña”.

5/11/2013. Partida presupuestaria para el referéndum. La Generalitat incluye en los Presupuestos de 2014 una partida de cinco millones de euros para la “organización, gestión y seguimiento de procesos electorales”. La vicepresidenta, Joana Ortega, admite que es una partida para organizar la consulta independentista.

12/12/2013. Anuncio unilateral de la fecha y la pregunta. El presidente catalán, Artur Mas (CiU), tras pactarlo con ERC, ICV y CUP, anuncia la fecha de la consulta (9 de noviembre de 2014) y las dos preguntas que incluirá: “¿Desea usted que Cataluña se convierta en un Estado?” y “En caso afirmativo, ¿desea usted que Cataluña sea un Estado independiente?”.

16/1/2014. Solicitud formal para asumir la competencia. El Parlamento catalán aprueba reclamar al Congreso la competencia para “autorizar, convocar y celebrar un referéndum consultivo sobre el futuro político de Cataluña”.

20/2/2014. Primer rechazo expreso del Congreso. A propuesta de UPyD, el Congreso “rechaza tajante y expresamente el plan secesionista de la Generalitat de Cataluña” e insta al Gobierno a “garantizar el cumplimiento de la legalidad”. Cuatro meses antes, la Cámara ya había rechazado la “falacia” del “derecho a decidir”.

27/2/2014. Desunión en el frente antisoberanista. Tras el debate del estado de la nación, el Congreso aprueba (solo con los votos del PP) una resolución que afirma la “vigencia” de la Constitución e insta al Gobierno a tomar “cuantas medidas le permita el ordenamiento jurídico para preservar la unidad de España”.

20/3/2014. La Generalitat prepara un censo. El Gobierno catalán anuncia que va a crear un censo voluntario de catalanes en el extranjero para la consulta.

25/3/2014. Cataluña no es soberana. El Tribunal Constitucional anula la declaración de soberanía propia incluida en la resolución del Parlamento catalán de enero de 2013.

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