Un edil del PP ofreció sus servicios a una empresa para presionar a su alcalde
“A Currás hay que bombardearlo de varios frentes”, le dijo la concesionaria municipal al concejal
La caída del exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa y de su mano derecha, Ángel Espadas, dejó a la concesionaria del servicio de aguas —Aquagest, hoy rebautizada como Viaqua— con la miel en los labios. Se esfumaban del Ayuntamiento sus principales valedores para culminar su operación más lucrativa: la prórroga automática de la adjudicación, sin los estorbos de un concurso público. Desde dentro del gobierno del PP se erigió pronto un voluntario para tomar el testigo de Espadas: el edil de Deportes, Adrián Varela, Pijolandia para la trama, le ofreció a Aquagest en abril de 2012 su “intermediación” para convencer al nuevo alcalde, Ángel Currás, de que prorrogase el contrato.
Los agentes de Vigilancia Aduanera interceptaron una conversación telefónica del concejal con Henry Laíño, gerente de Aquagest, en la que Varela se ofrece como interlocutor “directo” con el alcalde. “Hay que bombardearlo de varios frentes”, le responde Laíño, jactándose de haberle “quitado las castañas del fuego” al gobierno del PP en “algunos temas”. El edil de Deportes le anuncia que le pedirá a Currás una reunión y le adelanta que ya ha reunido méritos, que ya le ha recalcado cuánto ha hecho Aquagest por ellos a través de patrocinios.
Desde entonces, el concejal, que es además extrabajador de Aquagest, multiplica sus movimientos. Se entera de cuáles son los reparos y le hace recomendaciones a los responsables de la concesionaria sobre cómo esquivarlos. “Estos son bastante tecnócratas y van por la teoría”, le dice en mayo de 2012 Varela a Laíño. Los pinchazos recogen cómo el concejal compaginaba su ayuda a la empresa con peticiones de donativos para asociaciones y clubes deportivos, entre ellos el Obradoiro.
Vigilancia Aduanera sostiene que el concejal de Deportes de Santiago incurrió en un delito de tráfico de influencias por esta y otras conductas, no solo con Aquagest sino también con otra de las empresas de la trama de la Pokémon, el grupo Vendex. Según los agentes, Adrián Varela enchufó en Vendex a dos personas (uno de ellos, su padre) y “a cambio” le encargó a la empresa asistencias técnicas, le prorrogó el contrato de limpieza de instalaciones deportivas del Ayuntamiento e intercedió para que se le abonasen pagos atrasados.
Según recoge Aduanas en un exhaustivo informe dedicado en exclusiva a la figura de Varela, el edil planeó una “posible falsificación de facturas” con su compañero de gobierno Albino Vázquez Aldrey. El 6 de febrero de 2013 el concejal de Deportes le pidió ayuda por teléfono a Vázquez Aldrey porque a un club de natación se le había pasado el plazo para pedir una subvención. Varela propone “pasar una factura por material o algo así” y dice que “la va a preguntar a Paula [supuestamente la entonces edil Paula Prado] por algún funcionario de confianza con el que pueda hablar Albino”. Ocho días después de aquella conversación, Vázquez Aldrey es detenido por orden de la juez que investiga la trama. A los dos días dimitió.
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