Shirota, empresa semipública valorada en 898.000 euros, adjudicada por 50.000
La sociedad absorbió más de tres millones de euros de las arcas del Ayuntamiento de Reus
Los activos de Shirota Functional Foods, empresa participada por el Ayuntamiento de Reus (Baix Camp) y que está siendo investigada por la justicia, se han subastado por 50.000 euros. Inicialmente se habían sido valorados en un precio muy superior: 898.000. Tras la subasta, realizada en el Juzgado Mercantil 1 de Tarragona, los bienes de Shirota, sociedad dedicada a la investigación nutricional, pasarán a manos de Absalab, división reusense del grupo Pintaluba, según explicó ayer el administrador concursal de Shirota, Roberto Cortadas. “Es un precio muy bajo, pero tampoco había otra oferta más elevada”, aseguró Cortadas. Shirota fue creada con fondos públicos y privados en 2007, cuando Reus era gobernada por el PSC, ERC e ICV.
Absalab en un principio había ofrecido 32.000 euros. Sin embargo, aumentó la puja tras la aparición de un competidor interesado en conseguir los activos de la sociedad, básicamente material de laboratorio y maquinaria. Absalab también pagará otros 25.000 euros por una máquina embargada, señaló Cortadas. El administrador concursal empleará el dinero de la subasta en pagar las indemnizaciones de los 7 trabajadores despedidos además de la factura del alquiler de la nave en la que se ubicó Shirota.
El actual Gobierno de Reus, formado por CiU y PP, decidió clausurar Shirota tras precipitarse la sociedad hacia la quiebra. Se enterraron más de tres millones de euros públicos en el proyecto. El juez debe decidir ahora si el concurso de acreedores es fortuito o culposo, como pide la fiscalía. De hecho, la fiscalía solicita la inhabilitación de la segunda teniente de alcalde de Reus, Teresa Gomis (CiU), y de otros 14 exadministradores de la empresa, entre los que se encuentran el ex presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y ex director del entramado de empresas municipales de Reus, Josep Prat, o el ex director del CatSalut y ex presidente de Shirota, Carles Manté, porque cree que “concurrieron graves irregularidades contables” en la sociedad. Entre ellas, la fiscalía afirma que se hinchó el activo para ofrecer “una imagen económica de solvencia” con la que poder solicitar subvenciones públicas y créditos bancarios. La físcalía, además, quiere que los 15 implicados devuelvan 2,4 millones de euros por presunta mala gestión.
En paralelo al proceso mercantil, la creación, gestión de los fondos públicos y cierre de Shirota, que fue la primera empresa surgida de un proyecto Cenit (Consorcios Estratégicos Nacionales de Investigación Tecnológica) en España, está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción 3 de Reus en una pieza bajo secreto de sumario separada del caso Innova. El juez de este proceso mantiene imputados a la mayoría de sus exadministradores, como Prat y Manté. También a los 14 exediles del PSC, ERC e ICV que gobernaron Reus durante el pasado mandato, incluido el exalcalde Lluís Miquel Pérez.
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