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Las cinco escuelas afectadas por el 25% de castellano recurrirán ante el TSJC

El tribunal ha admitido personarse en la causa a los centros y sus respectivas AMPA como parte afectada

La batalla judicial por el 25% de castellano toma una dimensión más amplia al admitir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que tanto los cinco centros afectados como sus respectivas AMPA puedan personarse en la causa. Esto permitirá a todas ellas presentar un recurso contra la decisión del tribunal de fijar el 25% de clases en castellano, tal y como pedían cinco familias. De hecho, la notificación del TSJC ha llegado de forma escalonada a los centros y las AMPAs desde hace dos semanas, así que algunas de ellas ya han interpuesto dicho recurso, según ha informado Fundación Escuela Cristiana de Cataluña, principal patronal de las escuelas concertadas, que agrupa a cuatro de los centros afectados (el quinto es público).

Los argumentos que esgrimen los afectados se fundamentan en “el derecho de todos los padres que han escogido libremente el centro escolar”. En este sentido, las escuelas siempre defienden que son concertadas y con un plan de estudios y lingüístico propio que las familias aceptan cuando matriculan a sus hijos. Igualmente se quejan de un “posible exceso de jurisdicción” del TSJC a la hora de determinan el porcentaje del 25%, cuando “esta concreción curricular corresponde a la administración educativa”. Finalmente, también expresan las “dificultades objetivas de cumplimiento” del mandato judicial “en sus estrictos términos”. Los centros se han quejado reiteradamente de la premura de los plazos que daba el TSJC, un mes, para aplicar este porcentaje de castellano en las aulas.

Los diferentes recursos los gestionan desde la Generalitat, la patronal de la concertada y un despacho de abogados. A pesar de ello, la fundación Escola Cristiana asegura que “hay una coordinación y una total unidad de criterio en todos los casos”.

Mientras la polémica continúa su senda judicial, en las aulas de los cinco centros no ha cambiado nada, a pesar de que el plazo de un mes acabó a principios de marzo. Tanto la Generalitat como la patronal de la concertada confían en que “se pueda mantener el modelo lingüístico” en estas escuelas porque “es el que se ajusta a la legislación catalana” y corresponde al modelo de inmersión, “que garantiza la cohesión social”, defienden.

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