Más de 260.000 madrileños se negaron a pagar el euro por receta

Más de 260.000 ciudadanos se negaron a pagar un millón de recetas en enero de 2013, el único mes que la Comunidad gravó los medicamentos con la polémica tasa de un euro por prescripción. En concreto, el número de recetas en las que no se efectuó el pago durante su periodo de vigencia fue de 1.008.227, según reconoce el Gobierno regional a Enrique Normand, diputado de UPyD en la Asamblea de Madrid. A su vez, 262.716 fueron los madrileños rebeldes...Y más avispados. Aquellos que accedieron a abonar la tasa, no recibieron el importe pagado con carácter retroactivo.

La Comunidad no se ha planteado en ningún momento devolver el dinero recaudado a los ciudadanos que no se rebelaron contra el pago. “El Tribunal Constitucional en ningún caso exige o toma ninguna decisión de carácter retroactivo. Suspende a partir de la fecha de resolución esa medida”, señaló a mediados del año pasado el portavoz del Ejecutivo madrileño, Salvador Victoria.

En vigor desde el 1 de enero de 2013, la tasa quedó en suspenso el día 29 de ese mes cuando el Tribunal Constitucional admitió a trámite un recurso del Estado contra su aplicación en Madrid (lo mismo se hizo en el caso de Cataluña, que la aplicó antes). En el tiempo que estuvo vigente, el Gobierno regional recaudó cinco millones de euros y se expidieron 7.617.780 recetas. La Comunidad habría ingresado otro millón si todos los ciudadanos que requerían prescripciones hubieran aceptado abonarlas. Finalmente, no se pagaron el 13% de las recetas emitidas.

“UPyD se opuso desde el principio al euro por receta porque era una medida injusta, discriminatoria, inoportuna y de dudosa legalidad”, observa el portavoz magenta en el Parlamento autonómico, Luis de Velasco. Su partido ya preguntó en comisión el pasado abril por el rechazo que había generado la medida, pero el director general de Gestión Económica de la Consejería de Sanidad afirmó entonces que todavía no disponía del dato. La respuesta de la Comunidad a Normand, fechada el 10 de marzo, responde a peticiones de información registradas por el grupo parlamentario el 31 de enero 2013 y el 1 de marzo de 2013. Es decir, el Gobierno madrileño ha tardado un año en responder.

Ignacio González introdujo el pago en los presupuestos regionales de 2013, los primeros de su etapa como presidente autonómico. El barón popular justificó la implantación de un euro por expedición de recetas como una “medida de carácter disuasorio, para impulsar un uso eficiente de los medicamentos”. Y puso de ejemplo a Cataluña, la primera autonomía en implantar este copago sanitario en junio de 2012.

El Gobierno regional siempre argumentó que la tasa “no tenía un afán recaudatorio”. Prueba de ello, según la Comunidad, es que “solo” obtendría 83 millones anuales con su aplicación. “Es una medida de racionalización porque los madrileños tienen más de 45 millones de medicamentos en casa”, insistió siempre González. Su Ejecutivo estableció un tope a abonar de 72 euros al año y dejó exentos los medicamentos que valiesen menos de 1,67 euros. Entre los colectivos exentos se incluyó a los afectados de enfermedades específicas como síndrome tóxico, los que perciben la renta de inserción social, los parados sin prestación y las personas en tratamiento por accidente de trabajo. Los jubilados, en cambio, fueron excluidos de las excepciones y, por tanto, quedaron dentro del segmento de la población afectada por el euro por receta.

“En el caso de que el Tribunal Constitucional rechazara definitivamente el euro por receta [en suspensión cautelar], podría obligar a la Comunidad de Madrid a devolverlo a las personas que lo hayan pagado, al igual que ha ocurrido con el mal llamado céntimo sanitario”, concluye Velasco.