Recaudación y equidad

En julio del pasado año, conociendo por fuentes indirectas el inicio de los trabajos de la comisión creada por el Gobierno español para proponer una reforma fiscal, llamé la atención en estas mismas páginas sobre la conveniencia de la iniciativa y sobre los peligros de que la dirección de la misma pudiera ser la contraria de la que yo entiendo que debería ser. La semana pasada hemos conocido el informe. Ello me permite expresar opiniones más fundamentadas, aunque no de carácter experto, porque no soy técnico en temas fiscales.

Siempre he sabido que todo “informe encargado” debe ser leído e interpretado conociendo la posición y los objetivos de quien lo pide, y las hipótesis de partida de quienes lo elaboran. Ello ayuda a poder analizarlo mucho mejor. No estoy disminuyendo la importancia de tales informes (que últimamente han proliferado, encargados por diversos gobiernos con diversas finalidades), pero sí que intento situarlos en su perspectiva adecuada. No pongo en absoluto en duda la calidad académica e intelectual de este informe, de más de 400 páginas, lleno de interesantes consideraciones y propuestas. No voy a discutir detalles concretos sobre las mismas, pero sí ofrecer tres comentarios sobre lo que podríamos llamar los “principios inspiradores” y los “condicionantes políticos” del mismo.

»1. Recaudación. El Estado se encuentra en una situación fiscal difícil. Con una deuda pública que roza el 100% del PIB, la gran dificultad de reducir el déficit del presupuesto significa que esta deuda va a seguir aumentando anualmente, y con ello el importe de los intereses a pagar. Es un círculo vicioso que hay que romper. Se impone la necesidad de una reducción de los gastos y de un aumento de los ingresos.

En el recorte de algunos gastos de carácter social se ha ido ya demasiado lejos, provocando un fuerte empobrecimiento social y un gran aumento de las desigualdades. En otros (algunas inversiones en infraestructuras, gastos en defensa, duplicidades administrativas….) no se quiere entrar a fondo. Se hace necesario, por tanto, aumentar los ingresos y ello depende de un difícil y lento aumento de la actividad, o de un incremento de los impuestos. Son comprensibles pues las preocupaciones actuales de un Gobierno que había tomado como lema la promesa, imprudente, de “bajar los impuestos”.

No coincido con aquellos que dicen que lo prioritario debe ser mejorar la economía y que luego ya podremos aumentar el gasto social y la cohesión

»2. Objetivos políticos. Me permito suponer que el encargo a los expertos tenía, de forma más o menos explícita, cuatro objetivos: modernizar el sistema, aumentar la recaudación, poder mostrar la “bajada” de algunos impuestos, y contribuir a “racionalizar” la estructura política del Estado. No soy capaz de evaluar el grado de consecución de los dos primeros. Otros con más conocimientos que yo, lo harán. Pero sí que entiendo que la comisión de expertos ha cumplido perfectamente los otros dos objetivos, más políticos, para los que estaba pensada: propone muchos cambios, algunos con los que se puede coincidir, y otros más difíciles de evaluar.

Con ello ofrece al Gobierno la oportunidad de “bajar impuestos”, pero subiendo otros para evitar pérdidas de recaudación; e incluso haciendo en algunos casos propuestas que el Gobierno pueda rechazar, ofreciendo así una imagen de sensibilidad social. Y por otra parte sugiere medidas de “racionalización” y “armonización”, algunas coherentes, pero siempre en la misma dirección: la de disminuir las competencias de las Administraciones territoriales, y avanzar en la recentralización.

»3. Equidad. Tanto o más importante que el problema del desequilibrio fiscal español es el aumento de la pobreza y el incremento de las desigualdades. No deben analizarse estos dos temas solo desde un punto de vista social, sino como verdaderos problemas económicos, es decir como factores que reducen la formación de capital humano y el aprovechamiento del que está disponible, adelgazan la clase media que es el soporte fundamental del crecimiento de un país, disminuyen la productividad que es la base del crecimiento y, por descontado, hunden el consumo.

Mientras duren estas situaciones es imposible pensar en una recuperación, y menos en una próxima salida de la crisis. No coincido por tanto con aquellos que dicen que lo prioritario debe ser mejorar la economía y que luego ya podremos aumentar el gasto social y la cohesión. Pienso que lo urgente es aumentar tanto la inversión productiva como la inversión social (¡dejemos de llamarle gasto!).

No veo reflejado este punto de vista en el informe. Habla de hacer compatibles las reformas con la mejora de la equidad, pero esta es un objetivo subordinado, de segundo orden, casi un tópico. De la misma forma que se hacen análisis de las repercusiones sobre la recaudación de algunas de las medidas propuestas, me gustaría ver incorporados análisis paralelos de sus repercusiones sobre la equidad. Pienso que, si se hiciera, veríamos claramente que es un nuevo paso hacia la regresividad fiscal, y por tanto hacia un aumento de las desigualdades, con todas las consecuencias previsibles.

Joan Majó, ingeniero y exministro