caso de los ere

Magdalena Álvarez acusa a Alaya de basar su imputación en “prejuicios”

La exministra recurre su fianza de 29 millones por denotar un fin “punitivo”

Magdalena Álvarez, en los juzgados de Sevilla en noviembre.
Magdalena Álvarez, en los juzgados de Sevilla en noviembre. raúl caro / EFE

La vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez, acusa a la juez Mercedes Alaya de basar su fianza civil de 29 millones y su imputación por malversación en un “prejuicio” sobre la supuesta responsabilidad penal como exconsejera de Hacienda, que daña su presunción de inocencia en el caso ERE,actualmente en fase de instrucción. La exministra censura que la instructora se haya arrogado funciones de enjuiciamiento que no le corresponden y que despiertan “serias dudas” sobre su “imparcialidad” en la instrucción del caso, ya que ha emitido un “juicio anticipado de culpabilidad”.

Álvarez ha presentado ante la Audiencia de Sevilla un extenso recurso contra la fianza civil que le impuso Alaya, para así intentar desactivarla. Ello a pesar de que aún está pendiente de resolverse el recurso que ya presentó en su día contra la segunda imputación de Alaya, y que la Audiencia prevé resolver en abril. “Supone un desbordamiento manifiesto del papel que el sistema jurídico impone al juez instructor”. La exministra censura que Alaya base sus acusaciones en “sospechas infundadas, errores sustantivos, generalizaciones indebidas y en una inasumible exégesis de la legalidad”.

La juez ha imputado a la exconsejera por malversación y prevaricación al considerarla promotora del sistema que puso en marcha las transferencias de financiación para pagar los ERE. Alaya estima que el fondo se diseñó para evitar los controles de la Intervención General. Álvarez fue consejera andaluza de Economía desde 1994 hasta 2004, pero su responsabilidad se limitaría a solo tres años.

En su recurso, la exministra desarrolla el concepto de “prejuicio” y considera que Alaya le ha impuesto una “abusiva” fianza presidida por un fin “estigmatizador y punitivo; un fin coherente con el juicio anticipado de culpabilidad”. Estas acusaciones tan duras responden al paso inédito de Alaya, que en su reciente auto para justificar la alta fianza expresó la “probabilidad cierta de que pudieran ser condenados en un futuro”, en referencia a Álvarez y dos de sus subordinados, también imputados.

El abogado de Álvarez cuestiona que la magistrada impusiera esta medida cautelar después de que las acusaciones personadas en la causa lo pidiera en su primera declaración [anulada por la Audiencia], pero no en la segunda declaración.

En su recurso, la defensa de la exconsejera pide la anulación de la resolución impugnada “al haber sido dictada prescindiendo de las reglas esenciales del procedimiento y con vulneración de derechos fundamentales”. Álvarez acusa a Alaya de partir de una “falaz dicotomía” para exponer las bondades del control previo (fiscalización del gasto por parte de la Intervención General) o que el control posterior “es equivalente a la ausencia de control”.

En otro pasaje, la exministra resalta su labor a favor de la fiscalización, ya que “reforzó las facultades de la Intervención para supervisar las cuentas y ejecución presupuestaria de tales empresas”. Sobre la mala gestión de las ayudas desde la Dirección General de Trabajo, la imputada defiende que “ni conocí ni pude conocer tal situación” al desconocer los informes de la Intervención General que llegaron a su departamento después de su salida en febrero de 2004. Sobre la acusación de haber participado en el sistema “dirigido a agilizar el proceso de concesión de ayudas sociolaborales”, Álvarez concluye: “La sinrazón jurídica nutre la inercia expansiva de esta causa penal”.

En su argumentación, destaca asimismo la crítica al cálculo realizado por la juez Alaya de los 29 millones, en función de las ayudas concedidas por la Junta mientras Álvarez fue consejera. “Ese cálculo es desproporcionado, y por ende, arbitrario, es el error de haber tomado en cuenta como constitutivas de malversación las cantidades con que se han sufragado las ayudas sociolaborales, las cuales, sin lugar a dudas, han sido destinadas a fines públicos”.

Mientras, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, opinó ayer que Álvarez debería abandonar la vicepresidencia del BEI en caso de que se confirmara su imputación en el caso. Guindos matizó que el código de conducta de la institución es muy claro. “Vamos a esperar”, apuntó el ministro. De este modo, la permanencia de Álvarez en su puesto de alta responsabilidad está en manos de los jueces de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla.

Nuevo informe clave en el caso

AGENCIAS / J. M.-A.

El informe que la Dirección General de Seguros ha entregado a Alaya revela unas comisiones de 2,4 millones en el ERE de la empresa Dhul de Nueva Rumasa “que encarecieron significativamente el costo”, y por el que han resultado imputado el empresario José María Ruiz-Mateos y tres de sus hijos.

Entre otros, el ERE tuvo un "recargo injustificado" de 79.340 euros y se incluyeron cinco intrusos, con un coste total de sus primas de 665.612 euros. Tres de los cinco intrusos fueron dos cuñados del conseguidor Juan Lanzas y la esposa de un sindicalista de la empresa Hijos de Andrés Molina, conocido de Lanzas.

Según el informe de la Dirección General de Seguros, el pago a estos tres intrusos “fue en realidad un instrumento de transferencia de fondos al que se dio apariencia de seguro” para pagar presuntamente las comisiones a Lanzas.

Mientras, el empresario Ruiz-Mateos será reconocido por un médico forense “para que informe si el mismo puede comparecer” en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, y así cerciorarse de que los informes médicos que esgrime el empresario sobre una supuesta enfermedad son ciertos.

Por otra parte, Alaya ha vuelto a suspender la declaración prevista de los peritos de la Intervención General del Estado, que debían comparecer el próximo 1 de abril. La suspensión llega después de que el jefe de los peritos explicara en un escrito al juzgado que aún no ha recibido la documentación que le debe mandar la Cámara de Cuentas y que los datos ya recibidos desde la Intervención General de la Junta suman los 105.000 folios, que requieren un análisis sesudo.

Archivado En:

Te puede interesar

Lo más visto en...

Top 50