Dirección de Seguros detecta 2,4 millones de sobrecomisiones en el ERE de Dhul

Un informe entregado a la juez de los ERE, Mercedes Alaya, por la Dirección General de Seguros ha detectado que en el ERE de la empresa Dhul de Nueva Rumasa se abonaron comisiones de 2,4 millones de euros por encima de la media de mercado y "encarecieron significativamente el costo". Entre otros, el ERE tuvo un "recargo injustificado" de 79.340 euros y se incluyeron cinco intrusos, con un coste total de sus primas de 665.612 euros.

Tres de los cinco intrusos fueron dos cuñados del "conseguidor" Juan Lanzas y la esposa de un sindicalista de la empresa Hijos de Andrés Molina, conocido de Lanzas.

Según el informe de la dirección General de Seguros, el pago a estos tres intrusos "fue en realidad un instrumento de transferencia de fondos al que se dio apariencia de seguro" para pagar presuntamente las comisiones a Lanzas.

Precisa el dictamen que tampoco están justificados los criterios de elección de la mediadora, que además carecía de la preceptiva autorización administrativa.

Por otra parte, la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha librado un exhorto al juzgado decano de Pozuelo de Alarcón (Madrid) a fin de que, a la vista del informe médico aportado, el empresario jerezano José María Ruiz-Mateos sea reconocido por un médico forense "para que informe si el mismo puede comparecer" en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla a fin de recibirle declaración como imputado "atendidas sus condiciones físicas y cognitivas".

En un auto, la magistrada Mercedes Alaya toma esta decisión después de que el abogado de Ruiz-Mateos, Marcos García-Montes, haya elevado un escrito al Juzgado en el que asegura que su cliente "sufre graves problemas físicos y de salud que le imposibilitan desplazarse" a Sevilla, por lo que pide que se le tome declaración en los juzgados de Pozuelo de Alarcón "al ser el mismo el más cercano a su lugar de residencia".

En el auto, la juez acuerda también suspender "por ahora" la comparecencia de los peritos de la Intervención General del Estado prevista inicialmente para el próximo 1 de abril.

La juez Mercedes Alaya ha vuelto a suspender la declaración prevista de los peritos de la Intervención General del Estado, que debían comparecer el próximo 1 de abril. La suspensión llega después de que el jefe de los peritos explicara en un escrito al juzgado que aún no ha recibido la documentación que le debe mandar la Cámara de Cuentas y que los datos ya recibidos desde la Intervención General de la Junta suman los 105.000 folios, que requieren un análisis sesudo por parte de los interventores del Estado y su trabajo no podría estar concluido antes de comparecer ante la juez. "No es posible que ambos trabajos estén finalizados con anterioridad a esa fecha [1 de abril]", explican los peritos.

¿Qué significa este nuevo aplazamiento? La juez anunció el pasado otoño que la instrucción estaba próxima a acabar e inició un calendario frenético de declaraciones. A la vista de las nuevas diligencias adoptadas que inician otras vías de investigación, parece que el final de la instrucción está aún muy lejos en el horizonte después de tres años de instrucción.

En su último auto, Alaya ha requerido a la agencia Idea, pagadora de los ERE, los informes que afectan al patrimonio y la situación financiera de la agencia vinculada a la Consejería de Empleo. En su resolución, la magistrada pide asimismo los informes elaborados por la unidad de control interno de la agencia sobre cualquier operación derivada de estos pagos y requiere a la consultora Price Water House Coopers para que le remita los "papeles de trabajo" sobre la situación financiera de la agencia Idea desde el año 2000.