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Lorente deja “temporalmente” su área en la Diputación al ser juzgada

La responsable del Ciclo Hídrico será enjuiciada en mayo acusada de falsedad documental

Mónica Lorente, diputada provincial del área de Ciclo Hídrico y exalcaldesa de Orihuela (Alicante), ha dejado “momentáneamente” esa responsabilidad, después de que se fijara la fecha del juicio contra ella por un caso de falsedad documental, el primero al que se enfrenta.

Lorente, que mantiene su acta de diputada y concejal, pactó este lunes con la presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, aparcar sus funciones como responsable del área de Ciclo Hídrico para poder hacer frente al proceso judicial que comienza el próximo 29 de mayo. Es el llamado caso Escorratel, en el que se acusa a la exalcaldesa de haber licitado una obra por 34.000 euros que ya había sido inaugurada. El fiscal pide para la política 4.500 euros de multa y la suspensión de cargo público durante 10 meses.

Lorente y Pastor finiquitaron este lunes la conversación que comenzaron telefónicamente el pasado viernes tras las declaraciones del presidente del PP alicantino, José Ciscar. Este señaló que no le correspondía a él decidir qué debía ocurrir con Lorente, y Pastor debió darse por aludida.

Qué diputado se ocupará ahora de la gestión del agua de los pequeños municipios alicantinos se conocerá el próximo jueves tras la Junta de Gobierno provincial y la reunión que el grupo del PP mantendrá.

Primera vista oral

La diputada se enfrentará a su primer juicio relacionado con su actividad política. Lorente está procesada por la supuesta licitación irregular desde que la Audiencia de Alicante desestimara a finales de febrero un último recurso.

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Lorente ya tuvo que renunciar a volver a ser presidenta del PP de Orihuela debido a otras imputaciones, entre ellas la del caso Brugal. Se presentó por ella Pepa Ferrando, familiar del gestor de la empresa a la que se adjudicó la obra de la plaza del Escorratel.

La actual presidenta del PP encabezó en enero una moción de censura que acabó en los tribunales y tiene pendiente declarar por el caso de las facturas de Fitur, en el que está acusada de supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales y posible cohecho por fraccionar contratos. Otros cuatro concejales del PP de Orihuela están imputados en varias causas y un quinto condenado por agredir a una mujer.

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