Sobreseído el caso por la filtración de datos fiscales de Melchor Gil

En junio de 2012, el Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao dio los primeros pasos para investigar la filtración de un informe de la Hacienda vizcaína que apuntaba supuestas irregularidades que habría cometido Melchor Gil, dirigente del PSE y cuñado del entonces lehendakari, Patxi López, a la hora de pagar el chalé que había comprado en la localidad cántabra de Castro Urdiales.

La juez Ana Álvarez dio carpetazo provisional a la causa la pasada semana y dictó su sobreseimiento al no haber logrado descubrir ni al autor de la filtración de los datos reservados de Gil ni al cargo político que supuestamente autorizó su difusión. En un auto en el que especifica que el número de personas que pudieron acceder al informe tributario “es ingente”, Álvarez considera “que no es posible acotar la búsqueda de forma razonable” en la Diputación de Bizkaia.

La investigación de las supuestas irregularidades tributarias de Gil fue archivada por la fiscalía, a la que llegó el informe de Hacienda antes de ser filtrado a varios medios de comunicación, entre los que no figuraba EL PAÍS. El informe apuntaba varias posibles irregularidades en los ingresos del dirigente socialista que la Diputación pedía al fiscal que investigase.

La fiscalía decretó el archivo de la causa hasta en dos ocasiones al no apreciar delito, pese a la insistencia de la institución foral. Evitado el impacto mediático por esa vía, alguien pudo decidir que haciendo públicos los datos de Gil quedaría desgastado el lehendakari López. Un motorista repartió el expediente tributario por las redacciones de varios medios de comunicación locales.

El PNV, que evitó en las Juntas Generales de Bizkaia que se investigara políticamente la filtración, puso en marcha, sin embargo, una investigación interna en la Diputación para despejar sospechas y descartar que la filtración hubiese tenido su origen en la Hacienda foral. Las pesquisas se iniciaron a mediados de marzo de 2012, pero no fue hasta tres meses después cuando el diputado de Hacienda, José María Iruarrizaga, dio a conocer las conclusiones.

Hasta 142 funcionarios tuvieron la posibilidad de acceder a un expediente que, además, obraba en poder de la fiscalía y del propio Gil, precisó. Con esos datos en la mano, la juez ordenó las primeras investigaciones, que se han prolongado 21 meses. La demanda fue interpuesta por el propio Gil por un delito de custodia y violación de secreto. El entorno del dirigente socialista lamentó entonces que para desacreditar a un enemigo político “se aireen datos fiscales. No todo vale. ¿Lo harán algún día también con los datos médicos?”. El auto de la juez que pone punto final a la investigación mientras no se encuentren nuevos datos especifica que la filtración, “pese a ser un hecho constitutivo de delito”, carece por ahora de autor conocido.