El fiscal no ve delito en usar el dinero de la formación para pagar directivos

El Tribunal de Cuentas sostiene que la CEIM abonó nóminas de hasta 220.000 euros anuales a varios de sus dirigentes con cargo a los cursos de Empleo

El fiscal del Tribunal de Cuentas considera que no existe responsabilidad contable en que la Confederación de Empresarios de Madrid (CEIM) use parte de los fondos de formación para pagar los sueldos de sus directivos. La horquilla de estas nóminas oscilaba entre 100.000 y 220.000 euros, según detectó la Cámara de Cuentas (órgano fiscalizador de la Comunidad de Madrid) en sendos informes referidos a los años 2008 y 2009. Ambos escritos fueron remitidos al Tribunal de Cuentas (auditor del Estado), que abrió una investigación y luego la archivó la causa, según portavoz oficial. 

Todo comenzó cuando la Cámara de Cuentas analizó en dos informes consecutivos, elaborados en 2011 y 2012, el “gasto de subvenciones en materia de formación continua otorgadas” a sindicatos y patronal. El auditor señalaba que la normativa regional (Orden 2816/2008, de 2 de octubre, que regula el reparto de los fondos) “no prevé como subvencionables los salarios del personal directivo”. Los informes añadían que los salarios recibidos por algunos de los directivos de la organización de empresarios procedían, hasta en un 90%, de fondos públicos destinados a la formación de trabajadores.

Los sueldos sufragados con esos fondos de formación superan los 100.000 euros. El informe que analizaba la subvención de 2008 desgranaba, además, la cuantía y los cargos a los que iban destinados. Entre los asalariados con dinero de subvenciones públicas figuran “un alto cargo que cobró 220.000 euros”, dos del equipo de Comunicación, con 132.000 y 107.000 euros, respectivamente, y otro del “equipo económico financiero con 100.000 euros”. El mismo documento apunta a otro puesto directivo con un estipendio mayor, “cuyas retribuciones teóricas partiendo de los importes parciales certificados podrían alcanzar un importe anual de 358.000 euros”. Los sindicatos CC OO y UGT emplearon 70.000 euros a lo mismo.

Patronal y sindicatos pueden usar el 10% de los fondos en “gastos de apoyo”

La Cámara detectó también que la patronal no declaraba los intereses que salían de mantener las subvenciones recibidas en los bancos, como sí hacían los sindicatos, y tildaba esta actuación como una práctica “negligente”. Los intereses o plusvalías también se consideran dinero público.

Ambas cuestiones —los elevados sueldos de cargos directivos y la ausencia de intereses declarados— fueron recogidos en una primera notificación de dos páginas firmada por el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas en diciembre de 2012. En ese documento, el organismo señalaba que había examinado los informes de la Cámara de Cuentas y que los documentos incluían hechos “de los que se puede derivar la existencia de responsabilidad contable”.

Los empresarios no recibieron intereses, pese a ingresar seis millones en la banca

El Ministerio Fiscal planteó la posibilidad de promover una demanda para “obtener el resarcimiento de los daños causados” y ordenó que se nombrara un delegado instructor. El asunto fue investigado por el fiscal encargado del caso, Luis Rueda García, que posteriormente archivó la causa al “no detectar irregularidad ninguna para continuar un procedimiento de responsabilidad contable”, según dijo un portavoz del Tribunal de Cuentas, que no especificó la fecha del archivo de la causa.

Las ayudas que patronal y sindicatos reciben de esos fondos se emplean fundamentalmente en formación; es decir, gastos docentes, profesorado, material y diseño de los cursos. Estos últimos se suelen subcontratar con consultoras externas, como las de los empresarios José Luis Aneri o Alfonso Tezanos, exvocal de la patronal madrileña CEIM, imputados por formar parte supuestamente de una trama de cursos falsos con 13 implicados hasta la fecha.

El agujero económico asciende a 15 millones de euros, procedentes de las arcas regionales y estatales. Madrid recibe cada año unos 115 millones de euros del Estado para cursos de formación.

Otra parte de las subvenciones va a los llamados “gastos de apoyo”; es decir, de personal no docente pero que interviene en la gestión de los cursos o para hacer frente a facturas relacionadas con la actividad, como el gasto de luz de un aula que haya sido cedida para dar los cursos. Hasta agosto de 2012 ese gasto no podía ser mayor del 20% de la subvención. A partir de esta fecha, se redujo al 10%.

El presidente de la CEIM, Arturo Fernández, defendió la semana pasada que el dinero proveniente de fondos públicos para formación que se derivaron a pagar sueldos de directivos de la patronal estaba “totalmente justificado”. Según Fernández, este tipo de práctica se mantiene en la actualidad.

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