Las multas del botellón, en el limbo

El consumo de alcohol en las calles de Madrid tensa la convivencia por el jaleo que ocasiona hasta altas horas de la madrugada bajo las ventanas de los vecinos. Para combatirlo, el Gobierno regional (PP) modificó la normativa en verano de 2012, elevando la cuantía de las multas y cerrando la posibilidad a sustituirlas por trabajos sociales. Además, trasladó su gestión a los municipios. Sin embargo, estas medidas no se han traducido en mayor eficacia ni han permitido atenuar la ubicuidad de jóvenes haciendo botellón en calles y plazas durante el fin de semana. El Ayuntamiento de la capital (PP) impuso 40.000 sanciones en 2013, pero tan sólo consiguió cobrar una de cada cinco. De esta forma, si la suma total de ingresos por estas multas ascendió a 15,2 millones de euros el año pasado, el Ayuntamiento únicamente recaudó 3,4 millones.

Un estudio hecho público por el Ministerio de Sanidad hace dos semanas, tras sondear a 27.500 estudiantes de entre 14 y 18 años en toda España, señalaba que la mitad de encuestados ha participado en un botellón en el último mes. El alcohol lo compran la mayoría de las veces en supermercados, pese a que su venta está prohibida a menores, y en el 57% de las ocasiones lo consumen en parques, calles o plazas.

En junio de 2012, la Asamblea de Madrid aprobó una modificación en la Ley sobre Drogodependencias, que entró en vigor el 15 de julio, en virtud de la cual se dobló la sanción para los mayores de edad (de 300 a 600 euros) y se fijó en 500 euros la multa para los menores. Desapareció así mismo la posibilidad de eludir el pago realizando a cambio trabajos sociales (unas 120 horas), una medida que pilotó Ana Botella cuando era edil de Medio Ambiente y que ella misma decidió eliminar ya como alcaldesa, pensando que la mano dura surtiría más efecto para atajar el botellón.

Además, el Ayuntamiento quiso reforzar la batalla contra el botellón por otra vía: persiguiendo directamente el ruido que causa. La ordenanza contra el ruido aprobada en enero de 2011 contempla sanciones de 300 a 600 euros por este motivo. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el pasado mes de abril la posibilidad de cobrar la multa a los padres de los menores. El Ayuntamiento reconoció entonces que, si los jóvenes se negaban a pagar, la sanción quedaría desactivada. Recalcó eso sí que esta circunstancia no se hacía extensible a las multas por consumo de alcohol, puesto que, al contrario que en el caso de la ordenanza del ruido, éstas sí se apoyan en una ley regional.

Pese a ello, la recaudación de esas sanciones no está corriendo mejor suerte. En 2012, la Policía Municipal interpuso 44.700 denuncias; en 2013 se produjo “un descenso considerable”, según la concejalía de Seguridad, que cifró en unas 40.000 las denuncias. De ellas, sin embargo, sólo 25.000 expedientes pudieron concluirse (el trámite administrativo se traba si, por ejemplo, el denunciado reside fuera de Madrid).

El organismo que gestiona las sanciones, Madrid Salud (dependiente de Seguridad), ha liquidado sus presupuestos de 2013 con un ingreso previsto por esas sanciones de 15,2 millones de euros; sin embargo, solo ha logrado recaudar 3,4 millones y tiene pendiente de cobro 11,8 millones.

Hay tres razones fundamentales que explican esas dificultades. En primer lugar, el sistema de cobro: una vez que el agente levanta acta de la infracción, el afectado tiene 10 días en los que, si reconoce su responsabilidad, verá rebajada en un 40% la sanción (a 360 euros si es mayor de edad, 300 si es menor). El problema es que los jóvenes que reciben la multa no suelen correr a contárselo a sus padres, de forma que, cuando estos reciben noticia por escrito en su domicilio, ese plazo ya se ha agotado. Enfrentados a la tesitura de pagar 500 ó 600 euros, la mayoría opta por recurrir, de forma que el Ayuntamiento tiene que acudir a la vía ejecutiva, demorándose el cobro hasta cuatro años. Eso si se cobra, porque si el chaval es mayor de edad no se puede hacer responsables a sus padres, de forma que podría evadir el pago si carece de ingresos.

Antes de 2012, cuando era la Comunidad la responsable de gestionar estos expedientes, la gran mayoría ni siquiera eran tramitados por otro motivo: la dificultad para probar la falta cometida. Si la multa se paga, no hay problema. Pero si se litiga, ¿cómo puede el agente, pese a su presunción de veracidad, demostrar que el joven estaba bebiendo en la calle (tener el vaso en la mano no es sinónimo de beber), y que lo que estaba bebiendo era alcohol (sin necesidad, claro, de probarlo)?

El Ayuntamiento ya sabe que tiene un problema judicial en ciernes. En abril de 2013, reconoció a este periódico que estaba buscando un aparato con el que medir el alcohol en una bebida fácilmente, pero tenía dificultades al no encontrar ninguno homologado oficialmente. Así se lo repitió también al Defensor del Pueblo, que le transmitió las “numerosas quejas” de ciudadanos.

Un año después, nada se sabe aún de esos etilómetros. Y las multas del botellón, entre tanto, se siguen amontonando sin cobrar ni solucionar el problema.