Demasiado desiguales

La derecha española hace una lectura muy benevolente del franquismo presentándolo como un régimen político autoritario pero bastante avanzado en lo social. Una interpretación que los hechos descalifican por si solos porque Franco impuso una dictadura cruel que asesinó a más compatriotas que la de Mussolini y los datos demuestran que el llamado “milagro español” fue más un mito que una realidad palpable.

La renta per cápita de la República solo se recuperó en 1951 y el salario real en 1962 y el desarrollo del que alardeaba el Régimen estuvo muy lejos del moderno Estado de Bienestar ya entonces consolidado en los países vecinos. Por el contrario, generó una desigualdad extraordinaria y consolidó los grupos de poder económico y financiero que todavía hoy dominan España gracias a los privilegios que recibieron de la dictadura.

Fue la democracia, más tímidamente con los gobiernos de UCD y sobre todo con los primeros del PSOE, la que generalizó en España derechos esenciales como el de la enseñanza y la salud universales o las pensiones públicas.

Las estadísticas muestran claramente que fue solo a partir de los primeros años ochenta cuando se redujo el déficit social (medido, por ejemplo, en el porcentaje que suponía el gasto social sobre el PIB) que nuestro país tenía respecto a Europa. Y que al mismo tiempo que se fue desarrollando el Estado de Bienestar español, con grandes limitaciones e insuficiencias por la fuerza del neoliberalismo dominante, fue disminuyendo la desigualdad heredada del franquismo. Algo que ocurrió incluso en la segunda legislatura de Aznar y a pesar de que el peso del gasto social en el PIB ya venía descendiendo desde 1993.

Si se mide como la relación entre el ingreso del 20% más rico de la población y el 20% más pobre, la desigualdad bajó en España en 2002 y 2003, subió un poco en 2004 y algo más en 2005 y se mantuvo prácticamente igual en 2006 y 2007, según los datos de Eurostat. Pero a partir de entonces se ha disparado y España se ha convertido en el país europeo más desigual y en donde más ha crecido la desigualdad de 2000 a 2012, después de Bulgaria. En 2011, solo ese país y Rumanía tenían tasas de riesgo de pobreza más elevadas que nosotros.

Es verdad que los efectos letales de la crisis sobre la desigualdad y la pobreza no son exclusivos de España. En Alemania hay ya casi 8 millones de trabajadores ganando por debajo de 450 euros mensuales y en Francia, donde el nivel de pobreza es el más alto desde 1997, 2 millones de personas ganan menos de 645 euros al mes y 3,5 millones necesitan ayuda alimentaria para sobrevivir. Pero el caso español es más preocupante y peligroso por lo rápido que avanza y porque, según un informe reciente del Fondo Monetario Internacional, solo Lituania nos supera en desigualdad de mercado, la que se da antes de que se apliquen las políticas redistributivas. Lo que quiere decir que si estas últimas se siguen debilitando nuestra desigualdad y la pobreza asociada alcanzarán niveles insostenibles.

Poner freno a este crecimiento vertiginoso de la desigualdad no es solo una cuestión moral, que deberíamos abordar por un sentido elemental de justicia y humanidad o para salvar la imprescindible cohesión social e incluso la democracia, pues vemos día a día que la corrupción aumenta justo a medida que somos más desiguales. No hacer nada para evitarla es también un suicidio económico porque la desigualdad destroza la economía y le impide crear empleo y riqueza. Las pequeñas y medianas empresas necesitan del ingreso de esas tres cuartas partes de la población que se están empobreciendo en España a velocidad de vértigo. Es la desigualdad lo que las está matando.

El presidente Barack Obama decía hace unas semanas que combatirla es “el reto definitivo de nuestro tiempo, lo que hace que la economía funcione”. Nosotros, por el contrario, la aumentamos aplicando políticas cuya única utilidad real es concentrar aún más la riqueza en los mismos de siempre.