Competencia desmonta el plan de Oregi de colaboración entre puertos

El protocolo de coordinación entre Bilbao y Pasaia vulnera leyes de mercado

Vista del puerto de Bilbao.
Vista del puerto de Bilbao. FERNANDO DOMINGO-ALDAMA

El Gobierno vasco ha recibido un nuevo revés a su pretensión de establecer un sistema coordinado entre los puertos de Bilbao, Pasaia y Bermeo. La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha emitido un informe desfavorable sobre la propuesta de la consejería de Medio Ambiente de firmar un “protocolo de colaboración” entre los puertos vascos abierto a la incorporación de Bayona.

Este órgano consultivo concluye que el plan “contiene cláusulas que pueden contravenir la normativa de defensa de la competencia con mayor o menor intensidad en todo lo que afecta a la labor comercial o económica de los puertos”. Y aconseja “eliminar o reelaborar” los aspectos sustanciales del convenio de colaboración entre los puertos.

El informe de la Autoridad Vasca de la Competencia, al que ha tenido acceso EL PAÍS, ratifica la opinión contraria que ofreció Puertos del Estado sobre el mismo protocolo. En este caso, Competencia sostiene que “la redacción del protocolo de colaboración es tan abierta que contiene aspectos problemáticos que requieren de un mayor grado de precisión”, explicó ayer Pilar Canedo, presidenta de la AVC y firmante del informe.

El Departamento de Medio Ambiente, que dirige Ana Oregi, consensuó antes del pasado verano con los responsables de las Autoridades Portuarias de Bilbao y Pasaia y del Puerto de Bermeo un borrador para instaurar un sistema de coordinación entre estas infraestructuras. El objetivo central del convenio es “articular un marco general de colaboración” que contribuya “a la mejora de la competitividad del sistema portuario del País Vasco y a un mayor desarrollo y aprovechamiento de sus potenciales”, dice la cláusula primera. Además, se ve necesario emprender proyectos conjuntos “con otros puertos dentro del ámbito Golfo de Bizkaia-Gascogne”, por lo que se propone “dar a conocer” el contenido del protocolo al Puerto de Bayona “para que pueda sumarse” al mismo.

La Autoridad Vasca ratifica la opinión desfavorable de Fomento

El presidente de Puertos del Estado, José Lorca, respondió por escrito que “no puede procederse a la tramitación administrativa” del protocolo, porque “algunos” de sus objetivos “podrían resultar contrarios al Derecho de la Competencia”, como adelantó este diario en octubre pasado. En concreto, la entidad dependiente de Fomento sostiene que cuatro de los fines —coordinar actuaciones de mejora de los puertos, facilitar estrategias conjuntas de optimización, explotar las sinergias racionalizando sus flujos y promover una gestión colaborativa para hacerla más eficiente y sostenible— “podrían interpretarse como un acuerdo de reparto de mercado”.

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También ve riesgo de “fijación de precios”. Ante el rechazo recibido desde Puertos del Estado, el Departamento de Administración Pública del Ejecutivo autonómico cursó en octubre de 2013 una consulta a la Autoridad de la Competencia de Euskadi. En un informe de 20 páginas, el organismo regulador comparte los razonamientos de Fomento, aunque lo hace con un mayor grado de análisis. Recuerda que la competencia de los puertos de interés general (Bilbao y Pasaia) corresponde a la Administración del Estado, mientras que Bermeo depende del País Vasco, por lo que “no están sometidos a la misma regulación”.

Además, señala que los puertos son “empresas” y, por ello, tienen “carácter de competidores entre sí”. Competencia va más allá al observar que varios epígrafes del protocolo de colaboración podrían considerarse acuerdos para el “reparto de mercado” o de “fijación de precios de forma directa o indirecta”, aspectos que están “prohibidos” por la Ley de Defensa de la Competencia.

Respecto al “compromiso de colaboración” entre las tres dársenas, la AVC los considera “incompatibles con la obligación de competir entre los operadores económicos”. “No se puede competir de forma leal si, de forma simultánea, se debe colaborar y cooperar y ser transparente en las actuaciones que afecten a los competidores”, dice el informe fechado el pasado 4 de marzo. Por todo ello, concluye que el protocolo “no está exento de las prohibiciones” que marcan la Ley de Defensa de la Competencia y las directivas de la UE.

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