Corrupción en La Selva

La Operación Pokemon, un caso de corrupción política investigado desde un juzgado de Lugo, ha destapado toda una trama de enchufes políticos, adjudicaciones irregulares, financiación ilegal de material electoral de CiU y otras actuaciones al margen de la ley cuyo epicentro se sitúa en el consejo comarcal de La Selva y que tiene en Robert Fauria, exalcalde de Sant Hilari Sacalm, a uno de sus principales protagonistas.

La derivada catalana del caso, denominada Manga y llevada a cabo por el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de la Agencia Tributaria durante 2012 y 2103, concluyó con cuatro detenidos y tres imputados, todos ellos empresarios, políticos y funcionarios de La Selva acusados de adjudicar concursos públicos a dedo, filtrar oposiciones para plazas municipales, colocar a familiares y conocidos, pagar favores con elevadas sumas de dinero y falsear facturas.

Según se desprende del sumario del caso, el eslabón de la cadena que unía la trama de corrupción gallega con la de La Selva es Álex Ros Valls, detenido y encarcelado en febrero de 2012. Él era el administrador de GRS Arc Local, empresa de Lloret de Mar dedicada a prestar servicios a Administraciones públicas de consultoría, recaudación de tributos, actualizaciones de catastro o gestión de comedores escolares. Entre los ayuntamientos que contrataron sus servicios estaban Blanes, Lloret de Mar, Sant Hilari Sacalm, Arbúcies, Breda, Fogars de la Selva, Tordera y el Consejo Comarcal de la Selva.

Ros tejió una red de contactos políticos para acceder a las administraciones, donde según el sumario “engatusaba” a algún funcionario para hacerse con concursos públicos. Las intervenciones telefónicas al empresario revelan que su principal contacto era Robert Fauria, también expresidente del Consejo Comarcal de la Selva, y hoy imputado por soborno, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y falsificación documental. Fauria consiguió eludir la cárcel con una fianza de 30.000 euros. También fueron detenidos Joan Carles Feliu, funcionario del consejo, que quedó en libertad tras pagar 5.000 euros y el apoderado de la empresa GRS, Josep Mª Franch, en libertad sin fianza.

Las investigaciones han detectado que bajo el mandato de Fauria se producían múltiples “irregularidades” en el Consejo Comarcal de la Selva y que este “aprovecha su cargo de presidente y sus relaciones personales o contractuales para que otras personas o empresas contraten a gente cercana a él”. Esto por ejemplo podría haber ocurrido entre mayo y junio de 2012, cuando Fauria pidió a Ros que enchufara al menos a cuatro conocidos.

Fauria tapó un desfalco

Un ejemplo de las “anomalías” detectadas es la convocatoria de una plaza de un auxiliar administrativo para el Ayuntamiento de Blanes convocada por el Consejo. Según los investigadores, se presentaron dos candidatos: uno “apadrinado” por Fauria y otro por el presidente del Club de Hockey de Blanes, Josep Ridaura. A ambos les pudieron filtran el examen de las oposiciones y logran una nota cercana al 10, aunque la pugna por hacerse con el puesto la gana Fauria, que logra enchufar a un mozo de almacén que había ido en las listas de CiU de Sant Hilari.

El contacto telefónico entre Fauria y Ros era permanente. El empresario, que “era él mismo quien hacía los pliegos de los concursos del Consejo Comarcal de la Selva”, en julio de 2012, explica a su interlocutora que para estar más seguro monta “un comité de expertos en el consejo con cinco amigos suyos y así gana siempre”. También era él quien pagaba los “favores” a terceros que debía Fauria. Los investigadores relatan que “se desviaban fondos del Ayuntamiento de Sant Hilari y del Consejo para este fin”. En una de las conversaciones, GRS reclama dinero al Consejo por actuaciones realizadas a propuesta de Fauría. “Se trata de pagos a Ridaura por intermediar ante un miembro del PP en la concesión al Consejo de la gestión catastral y tributaria del Ayuntamiento de Blanes”.

Según las conversaciones el trato había sido contratar a una familiar de Ridaura y el pago durante dos años de 7.500 euros, que se hizo a través del equipo de hockey.

Algunos de estos pagos de favores llegaban vía un cheque escondido entre una treintena de folios para pasar desapercibidos. Fauría abonaba a GRS el dinero que previamente había pagado en su nombre, a hurtadillas, a través de facturas que inventaba o hinchando una de real.

A juicio de los investigadores, Fauria habría desviado dinero público para pagar gastos de publicidad de CiU. En un nuevo “chanchullo”, otra vez se habría servido de Ros para simular el pago de unos “panfletos”. La factura se emitió a nombre de una empresa del empresario que trabaja habitualmente para el Consejo por unos trabajos no prestados.

El consejo comarcal

El Servicio de Vigilancia Aduanera también investigó el servicio de comedor de las escuelas de la Selva, gestionado desde el Consejo y, continuamente criticado, por las AMPAS de varios colegios por su caro y pésimo servicio. Fauria se negó siempre a rescindir el contrato, que beneficiaba a otra empresa de Ros.

Los investigadores también consideran que Fauria encubrió delitos, como cuando se descubrió que una trabajadora del Consejo Comarcal, Carmen Córdoba, que era edil de Arbúcies y miembro destacado de ERC, falseaba datos, retocaba expedientes y cancelaba deudas de impuestos para quedarse con dinero, según el sumario. Fauria medió entonces para evitar que el caso saliera a la luz y afectara a sus relaciones políticas con ERC.

Pero Fauria era sólo uno de los tentáculos del empresario de Ros. Este utiliza también a Josep Valls, edil de Hacienda de Lloret de Mar y consejero comarcal, como contacto para llegar a Xavier Crespo ex alcalde y diputado de CiU, ambos imputados en el Caso Clotilde por sus contactos con la mafia rusa.

Otro de sus contactos es el director del Patronato de Turismo, Ramón Ramos, también imputado en el caso, y que supuestamente era la persona a través de la cual Ros logró contactar con cargos de ayuntamientos en los que quería ganar concursos públicos. A través de Ramos, Ros se reunió dos veces con el expresidente de la Diputación de Girona y alcalde de Salt, Jaume Torramadé, porque su objetivo era hacerse con el control de Xaloc, la empresa pública dependiente de la Diputación de Girona que gestiona tributos y el cobro de multas de tráfico de decenas de municipios. También fueron imputados en este caso su gerente, Xavier Alberch y el edil de Hacienda de Figueres, Manuel Toro. Todavía pueden salir a la luz más detalles de esta trama ya que buena parte del sumario sigue aun bajo secreto sumario.