Autoexamen de conciencia

Las dos últimas semanas han sido de las más intensas que se recuerdan en la Cámara de Comercio de Córdoba. El goteo de informaciones poniendo en duda el funcionamiento interno del organismo ha derivado en un pleno extraordinario convocado para este martes y que tiene dos órdenes del día radicalmente distintos. Del escueto y aséptico “Informe del presidente”que convocó en primera instancia Ignacio Fernández de Mesa, máximo responsable de la Cámara, se pasó a tres puntos de calado y centrados en las publicaciones sobre las presuntas irregularidades y el posible uso inadecuado de los bienes de este órgano. Fernández de Mesa claudicaba así ante las demandas de Comercio Córdoba, asociación integrada en la entidad que reclama explicaciones.

Fernández de Mesa es presidente desde 2010 y ahora mismo está en el ojo del huracán. Y mirándole fijamente se encuentra el que fue su valedor para llegar al cargo, Luis Carreto, presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO). Ambos tienen los cargos cruzados entre Cámara y patronal: quien es presidente en una, es vicepresidente en la otra, tal y como ocurre en otras provincias. Fernández de Mesa es, también, presidente de la patronal agraria Asaja, en Córdoba. Y esa es una experiencia que Carreto sospecha que le ha marcado. “Ciertas facetas de la normativa interna de la Cámara pueden habérsele escapado en los primeros años”, reconoce.

Parte de esa normativa, recuerda Carreto, la diseñó él mismo cuando fue presidente de la Cámara de Comercio entre 2000 y 2006. Aquel cargo lo compaginó con el de presidente de la patronal cordobesa, de la que ha estado al frente desde 1997. Dentro de dos años terminará su mandato, del que dice que será “el último” al frente de la CECO. Con 70 años y recién jubilado (cobra una pensión pública de 800 euros), Carreto mantiene su actividad empresarial a través del accionariado en diversas sociedades ligadas a la construcción, aunque ya no es dueño de ninguna. “Pero soy empresario y me moriré siendo empresario”, subraya. Entre esas empresas en las que el presidente de la CECO participa se encuentra Roalcao, SL, de la que su hijo es administrador único, tal y como aparece en el Registro Mercantil. “Yo ahí también soy un pequeño accionista”, dice Carreto. Y es ese pequeño accionariado el que a la postre, afirma, le permite sentarse en el sillón de vicepresidente primero de la Cámara. “Eso es algo muy habitual. Roalcao me delega a mí como representante legal ante la Cámara de Comercio”, señala el empresario.

Desde su cargo de vicepresidente primero del organismo, Luis Carreto ha visto cambiar el panorama de las Cámaras de Comercio. La supresión de su principal fuente de financiación, el recurso cameral permanente —el canon periódico que cada empresa estaba obligada a pagar a la Cámara— ordenado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y adoptada en 2013 —el primer año sin esos fondos—, ha dejado a los organismos temblando. Y esta incertidumbre, reconoce Carreto, tampoco le ha venido nada bien al gobierno del actual presidente, Ignacio Fernández de Mesa.

En mitad de estas dudas sobre la futura viabilidad económica del organismo comenzaron a publicarse los datos sobre los pagos regulares que la Cámara hacía a la CECO en concepto del Informe anual sobre los tributos locales en la provincia de Córdoba. Este documento empezó a elaborarse en 2005, cuando Carreto era presidente de la Cámara. Su realización ha corrido siempre a cargo de la confederación de empresarios, que indefectiblemente ganaba el concurso público. Hay quien ha visto como una fuente de financiación encubierta de la CECO a costa de las arcas camerales. “¿Pero cómo va a ser una fuente de financiación una media de 40.000 euros anuales para un presupuesto medio de la CECO de 1,6 millones de euros?”, exclama Carreto.

La confederación defiende que todos los cobros estaban justificados y eran legales, pues se corresponderían con la elaboración de dichos informes hasta 2012 y otros dos en 2008 y 2012 relativos a otras materias. La Cámara, no obstante, ya ha pagado un informe, el de 2013, que todavía no existe pues ha habido que reelaborarlo debido a la reforma de la Ley de Administraciones Públicas. ¿Y si no se entrega? “Si la Cámara de Comercio quiere que la CECO devuelva el dinero, yo la apoyaré”, responde a una sola voz el vicepresidente de la Cámara y el presidente de la patronal.

Mirándolo todo, con voz pero sin voto en el Consejo Ejecutivo de la Cámara, se encuentra la Junta de Andalucía. La Administración autonómica ejerce la tutela administrativa de la Cámara, la cual, como corporación de derecho público, goza de un amplio margen de autonomía. El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, se mostró el pasado jueves confiado y “convencido” de que en el pleno del martes se aclarará “todo”. El consejero espera que la Cámara de Córdoba cumplirá “al cien por cien con las obligaciones que la legislación le encomienda”.