Ex altos cargos exigen dinero al Gobierno por una reforma que limitó sus privilegios

Una reforma de la Ley de Gobierno impulsada por el PSE y aprobada en 2012 con cambios para que solo los lehendakaris cobren un complemento a su pensión una vez que se jubilen, ha generado las reclamaciones de altos cargos de pasadas legislaturas, que aspiraban a recibir un plus cuando dejasen de trabajar. El Consejo de Gobierno ha desestimado la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por cuatro exviceconsejeros afectados por la reforma legal, que ahora podrán recurrir a los tribunales.

El portavoz Josu Erkoreka ha detallado los nombres de los antiguos altos cargos socialistas de distintas legislaturas y los importes que reclaman a la administración pública. Se trata de Elisa González —exviceconsejera de Comercio—, que ha reclamado a la administración 388.900 euros, el exviceconsejero de Energía Javier de Miguel Guillamon pide 109.900 euros, Juan Miguel Sans —exviceconsejero de Planificación— otros 205.000 y Xabier Garmendia —viceconsejero de Industria la pasada legislatura con el PSE y de Medio Ambiente de Euskadiko Ezkerra entre 1991 1995— 286.300 euros. En total un millón de euros, aunque Erkoreka ha señalado que ha habido otras reclamaciones de responsables autonómicos de legislaturas anteriores directamente ante los tribunales.

Hasta 2012, consejeros y viceconsejeros que se jubilaban podían recibir las compensaciones del artículo 38 de la Ley de Gobierno, que suponían cobrar, además de su pensión, una cantidad hasta alcanzar el 50% de su salario en el momento en que ocupaban los puestos de responsabilidad. El requisito era haber ostentado el cargo durante más de dos años. Antes de reformar la ley, los letrados del Parlamento dieron el visto bueno a suprimir este privilegio, que se aplica no solo en los altos cargos que han empezado a serlo a partir de 2012, sino también a los que dejaron esos puestos antes. Ya en 2011, excargos del Ejecutivo contactaron con los grupos parlamentarios para mostrar sus quejas, pero la Cámara hizo caso omiso y aprobó la reforma legal.

El cambio recoge varias excepciones. La primera, la citada de los exlehendakaris. La segunda, la de excargos que en 2012 hubiesen superado los 60 años. Además, se mantiene el complemento a quienes ya lo cobraban. En 2010 la administración gastó 1,1 millones para realizar estos pagos en 77 exmandatarios, 37 de los cuales tenían entonces pensiones por encima de los 30.000 euros anuales.