El fiscal no ve delito en las adjudicaciones a Bagó, pero sí numerosas irregularidades

Ramon Bagó, el hombre que durante 20 años se manejó como nadie con un pie en el sector público y otro en el privado, va a librarse de las consecuencias de un proceso penal. La Fiscalía de Barcelona ha archivado la investigación que, hace un año, abrió para dirimir si hubo delito en las adjudicaciones que dos organismos públicos concedieron al grupo de empresas Serhs, controlado por Bagó, que al mismo tiempo ejercía como alto cargo público en el Consorcio de Salud y Social (CSC) de Cataluña.

En su decreto de archivo, el fiscal afea la flagrante incompatibilidad de los cargos que ostentó Bagó y el uso de contactos políticos para favorecer sus intereses. Concluye, sin embargo, que la investigación no ha podido pasar de la “mera sospecha” sobre las adjudicaciones y que, aunque estas acumulan numerosas “irregularidades administrativas”, no hay delito.

La investigación —por los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y uso de información privilegiada— partió de un meticuloso informe de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), que apreció conductas delictivas en las relaciones entre Sehrs y dos organismos públicos: Badalona Servicios Asistenciales —la empresa que gestiona el hospital municipal— y el Consejo Comarcal del Maresme. Bagó formó parte de los órganos directivos del CSC, organismo que gestionaba numerosos centros sociosanitarios que adjudicaban sus servicios de restauración a las empresas de Bagó.

El fiscal admite que

En un año, el fiscal ha examinado la documentación —el informe de la OAC ocupa unas 8.000 páginas— y ha tomado declaración tanto a Bagó como a diversos testigos. Emilio Sánchez Ulled subraya la “frontal vulneración de la normativa de incompatibilidades” en la que incurrió Bagó.

El escrito carga las tintas contra Bagó y contra una determinada manera de gestionar lo público. Reprocha, por ejemplo, el uso “indiscriminado de formar sociedades instrumentales” que tienen como objetivo “liberarse de los mecanismos de control”. Esa práctica, añade el fiscal, ha generado “evidentes contraposiciones de intereses públicos y privados” que han logrado pasar “fácilmente desapercibidas”. A ello se añade la “implantación” de Bagó en “una profunda malla de vinculaciones políticas” —fue alcalde de Calella por CiU— que provoca el “justificado estupor ciudadano ante unos hechos de aparentes reminiscencias caciquiles”.

“Choca contra toda lógica”, añade, que Bagó haya desempeñado cargos en entidades públicas ligadas al CSC —entre cuyas funciones se cuenta, por ejemplo, la de asesorar en materia de contratación— y, de forma simultánea, regir junto a su familia el holding empresarial Sehrs, beneficiario de numerosas adjudicaciones. El varapalo ético, sin embargo, no encuentra su correspondencia penal. El marco penal “se rige por sus propios criterios”, señala el fiscal, por más que comprenda la “incomprensión” de los ciudadanos ante un marco jurídico “insuficiente para vetar” que se produzcan este tipo de situaciones.

En 2012, EL PAÍS reveló que las entidades del Consorcio de Salud y Social de Cataluña —que gestiona varios hospitales y equipamientos sociosanitarios— adjudicaron contratos por más de 50 millones a Serhs desde 2002. La compañía se dedica a la restauración para colectividades y obtuvo importantes contratos en decenas de hospitales, centros escolares y prisiones. Las investigaciones de Antifraude y de la Fiscalía, sin embargo, se han centrado solo en dos casos concretos.

El escrito ve “insuficiente”

Uno de ellos es el de Badalona. En 1993, Serhs se hizo con el servicio de alimentación a pacientes del hospital municipal. El contrato se prorrogó sucesivamente “sin respetar los principios de publicidad y concurrencia”; la vulneración fue evidente a partir de 2004, cuando la ley vetó de forma taxativa ese tipo de prácticas en la esfera pública. La Sindicatura de Comptes ya reveló, en 2009, las “irregularidades administrativas evidentes” de esas prórrogas.

Más allá, sin embargo, de esas irregularidades, “no se han podido constatar” elementos para concluir que esos defectos de forma fueran “conscientes, intencionados y debidos a motivos espurios”. O que obedecieran “inequívocamente a un ilícito influjo” por parte de Bagó, requisito para que haya delito de tráfico de influencias. El fiscal apoya su tesis, también, en el hecho de que “el contrato en cuestión, por su cuantía, no presenta particular relevancia dentro del volumen de facturación de Serhs”. Aunque, de nuevo, admite que es “particularmente sangrante” que se haya prolongado el conflicto de intereses “sin reacción administrativa alguna”.

El segundo asunto en discusión alude a las relaciones de Sehrs con el Consejo Comarcal del Maresme. En 2009, el pleno de ese organismo público acordó poner en marcha dos servicios: uno de monitores de servicios educativos y otro de atención domiciliaria. Para ello, propuso crear una sociedad mixta y abrió un concurso para seleccionar a ese socio privado. Solo se presentó un conjunto de empresas de Serhs.

El caso del Maresme, recuerda el fiscal, nada tiene que ver con el CSC. Se trata de averiguar si Bagó presionó para lograr la adjudicación. La conclusión es la misma: “no ha podido ser determinada con la necesaria solidez indiciaria, más allá de las sospechas por el evidente poderío económico y social” de Bagó y “sus relevantes vinculaciones políticas”. La decisión del Consejo presenta, otra vez, “evidentes irregularidades”, pero los testigos justificaron el tipo de contratación por la “premura” en poner en marcha el servicio.