“Tenemos que estar pendientes, porque lo importante es que la ley se cumpla”

Paqui Maqueda, de 49 años, lleva más de una década luchando por el final de la amnesia española con su pasado reciente y contra el “franquismo sociológico”. Es vicepresidenta de la Asociación Andaluza de Memoria Histórica y Justicia y representante de la plataforma que promueve la acción judicial contra la dictadura desde Argentina. Formó parte del grupo de familiares de víctimas y asociaciones que entregaron al juez Baltasar Garzón en 2008 el listado de 143.353 desaparecidos desde la Guerra Civil hasta la democracia. Acaba de regresar de Bruselas, donde ha vuelto a poner en evidencia al Gobierno central y su persistencia en mirar hacia otro lado o poner trabas. Pero sobre todo, es familiar de víctima de una de las etapas más infames de España que sigue escondida en las clases de Historia.

Su bisabuelo Juan fue fusilado con 72 años en su pueblo, Carmona (Sevilla). A su tío abuelo, Pascual, le aplicaron la ley de fugas y le mataron con 27 años de siete tiros por la espalda. Otros dos tíos abuelos fueron encarcelados al terminar la Guerra Civil y Manuela, su bisabuela, fue desahuciada y robada al día siguiente de que le mataran al marido.

Pregunta. ¿Qué opina del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía?

Respuesta. Era necesario regular en Andalucía la política pública de memoria histórica. Las asociaciones venimos reivindicando que los organismos públicos se hagan cargo de muchas labores que hacemos los familiares a través de las asociaciones. La intención es buena y necesaria.

P. ¿Qué aspecto le parece más importante?

R. Es fundamental que en los libros de texto se recoja la Historia de la II República, la dictadura y la represión. Esta última etapa es clave para que las nuevas generaciones sepan lo que no puede volver a repetirse.

P. ¿La ley motiva a las asociaciones?

R. Debemos congeniar el paso con las iniciativas de la Administración. Ahora tenemos que sentarnos. El anteproyecto sigue abierto a la opinión de las asociaciones y espero que nos den la oportunidad. Ante una norma de este calado, es importante que las asociaciones hagan un seguimiento. Aunque haya pasos adelante, sabemos que tenemos que estar pendientes, porque lo importante es que se apruebe la ley y que se cumpla. Ese fue el gran fallo de la norma a nivel estatal, que carecía de los mecanismos para aplicar lo que se establecía en la ley. Nuestra labor de seguimiento es fundamental. La ley estatal hacía recomendaciones o incluía resquicios para evitarla como el valor artístico. No señor, si es así, que se lleve a un museo, como mucho. Si un turista alemán ve un símbolo fascista en un museo, dirá: ¡qué barbaridad de país!

P. La retirada de símbolos parece que va a quedar más clara en la nueva ley

R. Hay que quitarlos por salud y por higiene de la sociedad. Es una deuda que hay que pagar.

P. ¿Cuál es el principal obstáculo?

R. El franquismo sociológico, que está pegado a las instituciones judiciales, policiales y administrativas, así como a la población, que debería alzar la voz contra los símbolos fascistas o contra los expedientes de la dictadura sobre los represaliados.

P. ¿La acción judicial de Argentina sirve?

R. El último exhorto se dirigía al Ayuntamiento de Guadalajara para que abrieran la fosa de Timoteo Mendieta, padre de Ascensión, una mujer que fue con 88 años a Buenos Aires para poder recuperar los restos de un hombre asesinado. La querella cubre un abanico muy amplio: desde 1936 hasta 1977 y todo tipo de acciones de represión. Es fundamental ante la falta de correspondencia de la Administración pública. La última videoconferencia se tuvo que hacer a escondidas por miedo a que el Gobierno central español se inmiscuyera y obstaculizara o prohibiera la prueba.

P. ¿El respaldo de la ONU es también importante?

R. Es fundamental. La visita del grupo de desapariciones forzadas en septiembre como la del relator Pablo de Greiff ha sido muy importante. Como la visita que acabo de hacer a Bruselas, donde hemos pedido justicia, reparación y que se apliquen los tratados internacionales. Las asociaciones y los familiares sabemos que hay que ir donde sea. Creo, y espero, que los frutos de esos esfuerzos llegarán. Nos encontramos con un Gobierno que no colabora y que impide la acción de la justicia, como en el caso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que ha denegado la solicitud de extradición a Argentina de los dos presuntos torturadores franquistas José Antonio González Pacheco, Billy el Niño, y Jesús Muñecas Aguilar.