Fabra contra Monago

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Carlos Moragues, trazó este lunes sus propias líneas rojas en la negociación del nuevo sistema de financiación, que se empezará a negociar, oficialmente, el próximo mes de mayo. El informe elaborado por el Gobierno valenciano pretende contrarrestar la tesis de Extremadura, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Asturias, que defienden la continuidad de unos criterios con los que han logrado una financiación per cápita superior a la media. Se trata, simplificando, de contraponer los argumentos del presidente valenciano, Alberto Fabra, con los de su homólogo extremeño, José Antonio Monago.

Moragues advirtió que rechazará en el nuevo modelo de financiación cualquier criterio corrector, como la superficie o la densidad de población, que no esté acreditado técnicamente y que, por tanto, no pueda ser cuantificado con claridad.

El responsable de Hacienda, que compareció para explicar el informe remitido al Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el impacto del sistema de financiación utilizado hasta ahora, rechazó también que haya comunidades autónomas que quieran mezclar el debate sobre financiación con otras cuestiones como las balanzas fiscales, las inversiones del Estado y otros criterios contables.

El informe elaborado por el Gobierno valenciano pretende contrarrestar la tesis de Extremadura, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Asturias, que defienden la continuidad de unos criterios con los que han logrado una financiación per cápita superior a la media. Se trata, simplificando, de contraponer los argumentos del presidente valenciano, Alberto Fabra, con los de su homólogo extremeño, José Antonio Monago.

El Consell exige la retroactividad del nuevo sistema o la nivelación transitoria

“La solidaridad no explica las diferencias” se insiste en el informe, que recalca que las diferencias de dinero por habitante que recibe cada autonomía “no responde a ningún patrón lógico”. Moragues fue tajante: “Las particularidades no justifican diferencias de hasta 900 euros per cápita”.

Según el titular de Hacienda, si alguien pretende introducir criterios, como la densidad de población o la superficie del territorio, en el nuevo sistema tendrá que probar que inciden en el coste de los servicios básicos y cuantificarlo de manera objetiva.

“Queremos que se garantice el mismo derecho a los ciudadanos, con independencia de donde se viva”, insistió Moragues, que quiso dejar claro que el criterio fundamental del nuevo sistema de financiación autonómica ha de ser la población. Un criterio, según el consejero, en el que tienen cabida pocos elementos correctores a excepción del que tienen en cuenta el porcentaje de población mayor de 65 años o menor de 16 años, que son los que condicionan el gasto sanitario y educativo de las autonomías.

En su intervención, el consejero abogó también por suprimir todos aquellos fondos adicionales que solo han servido para complicar el sistema actual y aportar opacidad. En este contexto, el consejero de Hacienda insistió en que mantendrá su petición de que el nuevo modelo se aplique con carácter retroactivo al 1 de enero de 2014 o, en su defecto, se cree un fondo extraordinario de compensación.

El informe remitido al Consejo de Política Fiscal y Financiera aborda la situación de la Comunidad Valenciana con crudeza.

“La situación se presenta crítica, con el mayor endeudamiento de las comunidades autónomas, la mayor caída del PIB, una de las tasas de paro más elevadas, la mayor caída del número de ocupados”, prosigue el informe, “y un gasto público por debajo de la media que difícilmente puede sufrir mayores recortes”. “Pero sobre todo”, añade el documento, “la posición de la Comunidad Valenciana se debe a que recibe unos ingresos públicos que la sitúan entre las comunidades autónomas más infrafinanciadas históricamente, lo que ha provocado que sea en el último año la comunidad autónoma con mayor déficit”.

“Corresponsabilidad fiscal no puede existir sin igualar la financiación”

El responsable de la cartera de Hacienda —que compareció acompañado del secretario autonómico, Eusebio Monzón, y del director general de Tributos, Vicent Peiró— defendió que el nuevo sistema de financiación ha de ser más justo, simple y transparente que el actual y garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales, como la sanidad, educación y bienestar social.

Una condición, esta última, que se ha convertido en una de las mayores dificultades para confeccionar el nuevo sistema de financiación.

En el informe remitido por la Generalitat al Consejo de Política Fiscal y Financiera se admite que entre 2009 y 2011 —todos los años cerrados y liquidados con el actual sistema— los recursos han sido insuficientes para cubrir los servicios públicos fundamentales en todas las autonomías de régimen general con excepción de La Rioja. De las 15 regiones analizadas, cinco ni siquiera cubrieron el servicio pese a que gastaron hasta un 20% menos que el conjunto de la media estatal.

Los responsables de la Consejería de Hacienda argumentan, además, que su capacidad de recaudación es insuficiente y no permite generar los ingresos necesarios. “La corresponsabilidad fiscal no puede existir mientras la financiación por habitante no sea la misma en todas las comunidades autónomas”, advierte el Consell, que se queja de que su capacidad para regular el tramo autonómico del IRPF o incidir sobre el IVA es lenta y no está coordinada con la del Estado.

El Consell admite que la corresponsabilidad fiscal se ha podido ejercer de manera efectiva y “con repercusiones fiscales importantes” en los impuestos cedidos (transmisiones, sucesiones y juego) pero que estos se han desplomado más de un 62% en apenas cinco años.