La voluntad de las familias, clave en el desarrollo de la escuela plurilingüe

El conflicto destapado la pasada semana en el colegio Pare Català ha puesto de relieve la necesidad de una posición clara de la Administración educativa sobre la voluntad de las familias en la implantación de programas lingüísticos escolares. También están relacionados los casos de los colegios que recurrieron en los tribunales contra la denegación de líneas en valenciano y ganaron. El asunto planea sobre la orden que desarrolla el modelo plurilingüe valenciano, ahora a debate.

La expresión de la voluntad de las familias es un elemento clave en el modelo plurilingüe que se generalizará a partir de 2015. Por eso el borrador de la orden de Educación que regula el procedimiento de autorización del proyecto lingüístico de centro está aparcado, tras ser analizado el 19 de febrero con los sindicatos en una mesa técnica a la que asistió también Escola Valenciana. Nadie salió satisfecho, hasta el punto que dos sindicatos (CC OO y STEPV), anunciaron que de mantenerse el documento emprenderán acciones jurídicas. También FETE-UGT y Escola piden la retirada de la orden, mientras que CSIF y ANPE han mostrado su disconformidad en tanto no se modifiquen algunos aspectos. Ni siquiera se ha presentado a las organizaciones de asociaciones de padres. “Se va a negociar, puede haber cambios”, señalan fuentes de Educación.

Cuestión en litigio es la consulta que se establece preceptivamente “para determinar la lengua o lenguas base de un determinado centro”, donde se preguntará “a todos los representantes legales del alumnado matriculado” sobre “la preferencia del programa o programa plurilingües” de enseñanza en castellano (PPEC) o en valenciano (PPEV). Aunque la Administración lo proclamó como un logro que permite “votar primera vez el programa lingüístico del centro de sus hijos”, la mayoría de la comunidad educativa los rechaza. Escola Valenciana le pide que “se deje de encuestas y consultas que son papel mojado”, al no ser vinculantes y se podría dar el caso de que el 100% de las familias de una escuela votara, por ejemplo, el (PPEV) y la Administración podría seguir denegando este programa. La consulta “es excluyente porque deja fuera a las familias que escolarizarán a sus hijos e hijas por primera vez, al preguntar solo a las madres y padres censados en el centro”. Así se pronuncia la Confederación Gonzalo Anaya, que representa a casi mil AMPA y considera la consulta “innecesaria porque las familias ya eligen la opción lingüística en la matrícula”.

Solo en los centros públicos la decisión del programa a implantar será de la Administración. Para ello tendrá en cuenta no solo el resultado de la consulta, sino también la competencia lingüística del alumnado en la última evaluación de diagnóstico, así como las plazas escolares en una u otra lengua de la población o el distrito. Si las familias no obtienen plaza en la lengua solicitada, se considerarán las plazas en los centros sostenidos con fondos públicos (también concertados) del entorno, para determinar la lengua base. La Gonzalo Anaya ha mostrado su desacuerdo con “el criterio de planificación educativa consistente en enviar a los escolares a tres kilómetros en línea recta del domicilio para dar plaza en función de la opción lingüística” elegida.

Para los centros privados concertados, todo es más sencillo. El borrador de orden dice que “será competencia de la titularidad del centro la determinación de la lengua o lenguas base”, sin más criterios a tener en cuenta.

Como crítica de fondo, el STEPV ha advertido que tanto el decreto de plurilingüismo como la orden que lo desarrolla “parten de la premisa falsa de que el valenciano está plenamente normalizado en la sociedad valenciana”, con lo que se amoldan al desequilibrio existente. La propia consejería señalaba a principio de curso que en valenciano estudian 235.648 alumnos. El 94%, según el citado sindicato, lo hace en centros públicos. El número de alumnos escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos es 778.000, por tanto, la diferencia, 542.000, estudia en castellano.

La libertad de elección lingüística viene limitada por esa desproporción, a pesar de que la orden pretende facilitar a las familias en el entorno la plaza en la lengua preferida que no tengan en el centro elegido. El ejemplo del Pare Català sirve aquí también, puesto que las 21 familias a las que ahora se les revoca la línea en valenciano en la que sus hijos han estudiado todo el curso, carecen de oferta en valenciano en su barrio, Benimaclet, donde la mayoría de los colegios solo ofertan enseñanza en castellano.