“Hay políticos que te ven como un obstáculo y te hacen la vida imposible”

Los secretarios e interventores municipales son funcionarios estatales que trabajan dentro de los Ayuntamientos como supervisores de los políticos. Sobre ellos recae buena parte del control preventivo de la corrupción —los primeros tienen facultades para dar fe pública y asesoramiento jurídico a gobierno y oposición y los segundos deben controlar cada euro que se mueve en una corporación—, pero sus representantes se quejan de la desprotección a la que están condenados.

“Nos selecciona el Estado, nos suelta como paracaidistas en un Ayuntamiento y nos deja solos”, lamenta José Antonio Rueda, secretario en Ames y presidente del colegio oficial de secretarios, interventores y tesoreros de la administración local de A Coruña. “Hay políticos que te ven como una garantía y otros que te consideran un obstáculo; los primeros colaboran y consultan y los segundos te hacen la vida imposible”.

Los secretarios e interventores deben estar preparados para pararle los pies al alcalde, una persona con la que tienen que convivir a diario y de cuyo criterio depende, por ejemplo, la fijación de buena parte de su sueldo. En los municipios de más de 75.000 habitantes, la ley permite además que estos puestos sean de libre designación, una posibilidad que se implantó en los años ochenta del pasado siglo y que, pese a las críticas del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, se mantiene en la reforma normativa impulsada por el Gobierno de Rajoy.

“No puede ser que el controlado pueda cesar en su puesto en cualquier momento al controlador cuando le sea molesto precisamente por realizar bien ese control”, censura la entidad que representa a los secretarios e interventores de toda España en el comunicado emitido tras destapar los pinchazos telefónicos del caso Pokémon cómo se fraguó la destitución del secretario municipal de Santiago. Los agentes grabaron los tejemanejes de cargos del PP para apartar a este funcionario con el aval de la Xunta y buscar otro dispuesto a dar el visto bueno a la renovación de un contrato con una de las empresas de la trama corrupta. “Los hechos acaecidos en Santiago son un ejemplo más de lo que en cualquier momento puede llegar a suceder en cualquier otro Ayuntamiento o entidad local española”, admite el consejo general de colegios profesionales.