La desolación se apodera de militantes y dirigentes del PP en Santiago

El primer mandato de los populares con mayoría absoluta termina en una catarata de imputaciones

Traspaso de poderes entre Conde Roa y Ángel Currás
Traspaso de poderes entre Conde Roa y Ángel Currás ÓSCAR CORRAL

El gobierno está noqueado, es cierto que asfalta calles y pone papeleras, pero carece de proyecto a largo plazo. Santiago tiene cada vez menos autoestima, a la crisis institucional y económica se han sumado tragedias como el accidente del Alvia o el caso Asunta. Alguien debería tomar las riendas para frenar la decadencia de la capital de Galicia. La solución trasciende a la ciudad, pasa por una verdadera regeneración política en todo el país. ¿Quién va a venir hoy a hacerse fotos con el alcalde de Santiago? El Patronato de la ciudad ya ni se reúne”.

El diagnóstico es de un exconcejal del PP de Santiago con trienios de experiencia en la corporación. Apuesta a que la legislatura, la primera con un gobierno popular en 25 años, va a morir así. “Feijóo esperará a la sentencia [del caso en el que siete ediles están acusados de precaricación tras haber cargado la defensa de un compañero a las arcas públicas] y después al recurso y entretanto llegarán las municipales, echarán típex sobre la lista y tirarán de gente nueva porque del actual equipo no va a quedar uno”, pronostica.

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“Me pregunto quién pegará carteles entonces, están los chicos de Nuevas Generaciones, que nunca fallan y quieren hacer carrera en el partido, pero la gente en la calle ya no quiere dar la cara por estas siglas”, sostiene otro de los históricos, que siempre ha estado en el núcleo duro del PP de Santiago. Describe “un partido muerto” que “ni siquiera ha celebrado el congreso que, según los estatutos, debía ser en 2012”. “Ángel Currás entró por la puerta de atrás a la alcaldía y también a la presidencia local del partido. Lo heredó todo de Gerardo Conde Roa, el principal culpable de que estemos como estamos”, dice resignado. “Conmigo que no cuenten más”, incide un importante industrial compostelano, aún afiliado al PP, que llegó a promover a uno de sus hijos para completar las listas. “Intentaré ver si nuevos partidos como Vox o Ciutadans consiguen regenerar la política. Visto lo visto, el PP aquí no tiene arreglo”.

El pesimismo se ha adueñado de la ciudad, del gobierno municipal y sobre todo del PP de Santiago en medio de una catarata de escándalos judiciales y políticos que tienen al gobierno (y a parte de la oposición) bajo sospecha. Informes de Vigilancia Aduanera apuntan a la financiación ilegal del PP y del PSOE. Cuatro causas distintas que afectan directamente al ejecutivo local investigan fraudes de facturas falsas para ayudas a entidades sociales, persecución de un empleado público con denuncias inventadas y una trama generalizada de corrupción asociada al caso Pokémon que desembocó en un nuevo caso tras la decisión de la Junta de Gobierno de cargar la minuta de uno de los ediles imputados al presupuesto municipal. En resumen, 10 de los 13 concejales del gobierno, incluido el alcalde, Ángel Currás, imputados. Todos los que tienen cierto peso, a excepción de la teniente de alcalde, Reyes Leis.

Los representantes de eso que se llama sociedad civil se confiesan “abochornados” y rehuyen —como la mayoría de protagonistas de este reportaje— manifestarse con su nombre y apellidos para “no echar más leña al fuego”. En privado, esos poderes fácticos dan al alcalde por amortizado, hablan de un “gobierno fallido” y se quejan de la falta de alternativas, puesto que algunos escándalos también salpican al PSOE local. El presidente de la Cámara de Comercio, Jesús Asorey, pidió públicamente días atrás seguridad jurídica y agilidad a la burocracia municipal. Teme que en medio del embrollo de sumarios y teléfonos pinchados, “cada vez sea más difícil mover un papel”. “Para los empresarios y los ciudadanos, el tiempo es dinero”, resalta. El decano del Colegio de Abogados, Evaristo Nogueira, un exsenador del PP que llegó a sonar como candidato, tuvo que salir en defensa de la juez Ana López Suevos, instructora dos de los cuatro casos que mantienen atenazado al gobierno local y a quien los populares han situado en su punto de mira. El ejecutivo de Currás, entretanto, defiende que su trabajo continúa en medio de los sobresaltos que llegan de los juzgados de Lugo —donde se instruye la Pokémon, que destapó el supuesto amaño generalizado de los contratos municipales en Santiago con conversaciones sonrojantes de algunos ediles— y también de la propicia ciudad. Su portavoz, María Pardo, sostiene desde hace semanas que sobre todo el caso del pago de la minuta a su compañero Adrián Varela es “un ataque al gobierno municipal”, puesto que tanto ella como los otros seis ediles que lo avalaron contaban con “informes técnicos que respaldaban esa decisión”. Pardo admite que soportan una “presión difícil de explicar cuando se mira a otras ciudades y se oye hablar de sobres y Rolex”, en una obvia alusión a las investigaciones de la Pokémon en Lugo y Ourense. Cuando se le pregunta por declaraciones de compañeros suyos como el propio Adrián Varela, que ante la juez Pilar de Lara declaró que el ejecutivo lo forman una “panda de descerebrados”, Pardo lo achaca a “la juventud y la presión” que sufre al estar imputado por graves delitos de corrupción. ¿Y puede seguir mandando un edil joven que no soporta la presión? Silencio.

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En el Ayuntamiento se ha extendido la idea de que quien peor habla del gobierno son sus propios integrantes cuando se sueltan en confianza. Dos de los que han sido consultados por este periódico son mucho más catastrofistas que Pardo. Desde el anonimato admiten que el grupo municipal se partió en dos en abril de 2012, con la sucesión de Conde Roa, entre partidarios de Currás, el elegido por Feijóo, y de Paula Prado, actual portavoz del PP gallego tras abandonar el Ayuntamiento. “Ahora, más que división en dos bandos, lo que hay es una multifractura, cada uno vamos por nuestro lado, menos el alcalde y la teniente de alcalde Reyes Leis, que siguen unidos. Intentamos trabajar juntos pero ya nadie se fía de nadie y las conversaciones que figuran en el sumario han hecho mucho daño”

Esos pinchazos telefónicos y los testimonios de los ediles ante la juez De Lara revelan algo más que indicios claros de graves delitos de corrupción. Retratan un clima irrespirable dentro del Pazo de Raxoi, hasta el punto de que el propio regidor ha admitido varias veces en público que “lo fácil hubiera sido abandonar”. “Si Currás sigue es por responsabilidad y por no abrir otra crisis mayor”, asegura una persona próxima al alcalde. De momento, Feijóo ha decidido aguantarlo en su puesto pese al enorme desgaste que supone mantener al gobierno de la capital de Galicia en las actuales circunstancias. En el PP local —que ni se reúne desde hace años al margen del grupo municipal— abundan los que piensan que el presidente de la Xunta sostiene a Currás porque él fue quien lo aupó a la alcaldía tras el fiasco de Conde Roa, que también aterrizó en Santiago apadrinado por Feijóo.

En lo que coinciden todas las fuentes consultadas —dentro y fuera del partido— es en la urgencia de una “limpieza total” para el próximo mandato. “Se hace necesario que llegue alguien nuevo con autoridad para renovarlo todo y empezar de cero con un proyecto a largo plazo porque difícilmente se van a poder ganar las próximas elecciones”, recomienda un miembro de la dirección regional. En algunas quinielas empiezan a sonar nombres como el del conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, que ya respaldó la última lista en Santiago desde un puesto testimonial, o el de la diputada nacional Marta González, exsecretaria general de Igualdade de la Xunta. La opinión general entre los populares de Santiago es que el presidente jugará con los tiempos para llegar a las próximas municipales, en la primavera de 2015. Sin gestoras ni más cambios de alcalde que agraven el esperpento. Pero un exdirigente que conoce bien a los actuales ediles avisa: “Como se anulen las grabaciones o se archive parte del sumario, alguno todavía se sentirá legitimado para seguir. No distinguen entre responsabilidades penales y políticas y tampoco es que desde la cúpula del PP se esté dando mucho ejemplo”.

Una legislatura en los juzgados

Fraude fiscal.El cabeza de cartel del PP en 2011, Gerardo Conde Roa, duró un año al frente del gobierno. Contra él pesa una condena a dos años de cárcel y una multa de 580.000 euros por fraude fiscal que está pendiente de un recurso.

Facturas falsas. Está imputado el concejal Juan de la Fuente, a quien un perito calígrafo señaló en el juzgado como autor de firmas falsas que aparecen en un expediente de concesión de ayudas a nombre de una asociación vecinal.

Caso Pokémon. La juez de Lugo Pilar de Lara indaga sobre una presunta trama de amaño generalizado de contratos, sobornos, comisiones ilegales y financiación ilegal del PP y del PSOE en el Ayuntamiento de Santiago. Están imputados el alcalde, Ángel Currás; los concejales Adrián Varela y Rebeca Domínguez, además de media docena de funcionarios y el socialista Bernardino Rama. El exjefe de gabinete de Conde Roa, Ángel Espadas, y el exedil de Seguridad Albino Vázquez Aldrey fueron detenidos. El primero llegó a ir a la cárcel y el segundo la esquivó pagando fianza.

Persecución a un policía local. Están imputados Currás, Conde Roa, así como los propios Espadas y Vázquez Aldrey. Se les investiga por falsificar una supuesta denuncia anónima para castigar a un mando de la policía local, quien también ha denunciado a sus superiores por prevaricar al relegarlo de sus funciones.

Pago de la minuta de un edil. El juicio contra los siete concejalesde la Junta de Gobierno está pendiente de un último recurso en la Audiencia Provincial. El fiscal pide la inhabilitación durante nueve años de todos los ediles que decidieron cargar al presupuesto municipal la defensa de su compañero Adrián Varela en el caso Pokémon. Los concejales alegan que siguieron instrucciones del secretario municipal.

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