La cancelación de varios ‘swap’ agravó la quiebra de una firma de Durango

No tenía ni una sola acción o producto de riesgo entre sus ahorros pero a cada crédito que pedían las empresas de su grupo constructor, para comprar suelo o comenzar una promoción, le colocaban un swap —un contrato de permuta financiera—. El representante de un grupo de empresas de construcción de Durango, en concurso de acreedores, J. B., ha asegurado este miércoles en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Bilbao que no le informaron convenientemente de las consecuencias de los productos financieros —swap— que sistemáticamente le proponía el Banco Santander, y que seis o siete años después de suscribir en 2004 el primero, se ha ido a la quiebra con una deuda atribuible a ellos de 1,6 millones que agravaron su insolvencia.

Entre que los swap tenían como objetivo proteger al constructor de una eventual subida de tipos y estos bajaron, y que los productos seguían vivos y generando cargos cuando los préstamos con los que nacieron ya habían sido cancelados, se encontró con un agujero de 2,2 millones que la entidad le redondeó a la baja hasta 1,6 millones para “facilitar una solución”.

Según ha declarado  J. B. el banco le puso entre la espada y la pared para prestamizar esa deuda, aprovechando que necesitaba otro crédito para hacer frente a una serie de compromisos con clientes. El representante de la empresa ha asegurado que esos costes agravaron la quiebra de varias sociedades y recordó en el juicio que el administrador concursal critica en su informe que el Santander actuó como administrador de hecho al dirigir determinados ingresos a gastos concretos derivados de los swap. “La jurisdicción mercantil no tiene aplicación a este caso”, ha recordado el abogado que ha defendido  a la entidad en sus conclusiones finales.

Según su opinión en la empresa afectada “había una estructura profesional” como para analizar convenientemente los riesgos de los productos que estaban firmando y ha considerado inverosímil la tesis de la acusación de que “no tenían capacidad para evaluar los riesgos” cuando en su plantilla había un experto en seguros.

Para la acusación, en manos de Ausbanc, se trata de otro claro caso de “quiebra de confianza” en la que basaban su relación la entidad financiera y empresa —sus máximos representantes jugaban incluso al tenis juntos—. Quiebra de confianza que generó un vicio de consentimiento a la hora de comercializar y autorizar las operaciones. “¿Cómo es posible que un empresario con un perfil inversor muy conservador, sin acciones ni productos especulativos, tuviera swap de haber sabido lo que eran?”, ha preguntado en sus conclusiones la letrada de la acusación, Marisa Gracia, a la juez sustituta de Primera Instancia e Instrucción 2 de Durango, Maria Luisa Tejado Llorente.