La Comunidad reclama los cuatro millones de euros de los cursos

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ha señalado que se alegra "enormemente" de la detención del empresario José Luis Aneri y ha confirmado que el Ejecutivo ha presentado este viernes en el juzgado el escrito para pedir el reintegro de 4,4 millones presuntamente defraudados.

"Vamos a velar por recuperar el dinero de los cursos y para que no se perjudique la formación de los trabajadores", ha manifestado el consejero de Presidencia y Justicia. Victoria ha apuntado que la consejera de Empleo, Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño, comparecerá la semana que viene en el pleno de la Asamblea de Madrid para informar sobre este asunto y que otros altos cargos de la Comunidad harán lo mismo en comisión para explicar la posición del Gobierno regional y "dar transparencia".

Victoria ha recordado que el organismo competente para la liquidación de los cursos es la Fundación Tripartita, formada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, los sindicatos y las asociaciones empresariales, que es la que tiene que hacer un informe de la actuaciones seguidas y a seguir.

El portavoz del Gobierno de Ignacio González ha señalado que ejercen un "exhaustivo control" sobre los casi ocho millones de euros que Madrid destina a cursos de formación, que el Ministerio exige controlar al 5% pero el Ejecutivo regional supervisa en su totalidad. Ha recalcado que la Comunidad exigirá el reintegro de los ocho millones en cursos no realizados "o que no correspondan con la realidad".

El empresario Jose Luis Aneri, propietario de la empresa Sinergia Empresarial Avanzada SL, presta este viernes declaración en dependencias policiales de la plaza de Castilla y mañana lo hará ante el juez de guardia, han explicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El Gobierno madrileño reclamó esta semana la devolución de un total de 4,4 millones de euros por un posible fraude en la gestión de fondos de formación relacionados con 35 asociaciones empresariales y profesionales. Del total supuestamente defraudado, 2,6 millones de los reclamados corresponden a presuntas irregularidades vinculadas a actividades de la empresa Aneri y que impartía muchos de los cursos contratados por estas asociaciones.