El conflicto de la Marjalería estalla en el pleno del Ayuntamiento de Castellón

Un grupo de vecinos propietarios de construcciones irregulares levantadas en la Marjalería de Castellón ha irrumpido este jueves en el pleno del Ayuntamiento al grito de ‘¡Derribos no!’. El alcalde, Alfonso Bataller, ha suspendido la sesión y ha ordenado su desalojo, lo que se ha producido sin mayores disturbios. El conflicto que existe entre los vecinos de esta zona y el Consistorio se ha agravado en las últimas semanas a medida que avanza la investigación judicial sobre la proliferación de viviendas ilegales. La irrupción en el pleno ha sido su protesta más exaltada y el concejal del área, Miguel Ángel Mulet, ya ha avisado de la ruptura de negociaciones si prosiguen con acciones de este tipo. “Es una actitud inaceptable, tienen otras vías para manifestarse (…) Seguiremos trabajando, pero no con estas formas”, ha indicado al término del pleno.

Hace justo un año que la Fiscalía de Castellón abrió diligencias de investigación penal por estas construcciones ante la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio. La investigación arrancó por una denuncia del grupo ecologista Gecen, que presentó un listado de centenares de edificaciones levantadas desde 2006, el año en que se aprobó un plan que ya regularizó 2.000 viviendas ilegales. Este plan declaró urbanizable la mayor parte de la marjalería pero prohibió que se construyeran nuevas viviendas.

El listado que aportó el Gecen fue un documento municipal que reflejaba decenas de expedientes municipales abiertos sin que, en muchos casos, se dictaran órdenes de derribo. Como respuesta, un grupo de vecinos de la marjalería (que hasta ahora habían permanecido en silencio) se unieron en una asociación para iniciar protestas y visibilizar un conflicto al que solo ven una salida política dialogada. Acusan además al consistorio de permisividad durante estos años.

La investigación de Fiscalía llevó al Ayuntamiento a iniciar acciones más estrictas y a finales del año pasado el colectivo denunció la masiva notificación de embargos por infracciones urbanísticas.

Mientas, la vía judicial sigue adelante y ya hay vecinos que se enfrentan a penas de prisión. La fiscalía reclama, en un escrito conocido el mes pasado, un año de cárcel y 14 meses de multa a razón de diez euros diarios a un propietario de la marjalería acusado de un presunto delito contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente por construir en una zona no urbanizable. También pide la demolición de lo construido.

El regidor de Urbanismo, Miguel Ángel Mulet, ha reconocido tras el pleno las dificultades para poder llegar a una solución. “Representan a una minoría que ha construido en suelo no urbanizable protegido, hay que tener en consideración al resto de propietarios de la marjalería”, ha indicado. Mulet ha acusado a la oposición de alentarles en su irrupción en el pleno y ha apuntado que en la actualidad hay unos 40 expedientes a punto de cerrarse y cientos abiertos. “Estamos finalizando unos 40 expedientes, no todos son derribos, algunos son de restauración de la legalidad”, ha matizado.