Marcial Dorado, al banquillo por lavar 21 millones desde los años noventa

Apenas un año después de que la fiscalía formulase acusación contra el contrabandista Marcial Dorado y otras 14 personas por blanqueo de capitales, falsedad documental, colaboración con organización criminal, violación de secretos y delito fiscal, la Sección Primera de la Audiencia Nacional ha anunciado la celebración del juicio que comenzará el 8 de mayo cuando se cumple una década desde el inicio de la causa en un juzgado de Vilagarcía de Arousa. Dorado, que se está cumpliendo una condena de 10 años por colaborador necesario en una operación de narcotráfico y otra de tres años por cohecho, se enfrenta ahora a una petición de otros 15 años de cárcel por dirigir una supuesta red de blanqueo que movió desde los años noventa 21,8 millones de euros a través de testaferros y utilizando 33 sociedades. Nueve de ellas operaban desde Suiza, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Liechtenstein, Portugal, y Bahamas. Dorado volvió a saltar a la actualidad hace un año tras revelar este periódico la estrecha amistad que mantuvo en la década de los noventa con el actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, entonces alto cargo del gobierno de Manuel Fraga.

En el banquillo de los acusados también se sentarán familiares de Dorado, guardias civiles, abogados y aduaneros que, según el fiscal, formaban parte de un entramado para ocultar la verdadera titularidad de las sociedades, casi todas ellas con domicilio social en Vilagarcía de Arousa. La red estaba constitudida por compañías off shore, y el dinero sin origen justificado se colocó en bancos suizos. Durante 13 días de juicio (aunque podría prolongarse incluso más) el fiscal pretende acreditar que la actividad de Dorado en el contrabando de tabaco fue un espejismo. Afirma el fiscal que el acusado “venía dedicándose al tráfico de drogas desde los años noventa a través de la fabricación de embarcaciones de alta velocidad”. Sitúa el inicio de esta actividad en 1994, fecha en la que se realizaron las fotos en las que Feijóo navegaba en yate con Dorado por la ría de Vigo. Ese año, sostiene el ministerio público, a través de una sociedad mercantil domiciliada en Liechtenstein, Dorado compra Gallega Off Shore, SL y al año siguiente, Astilleros Hércules. Ambas empresas compartían instalaciones en Ferrol con el fin de construir barcos “para transportes ilícitos por vía marítima”.

Marcial Dorado ha rechazado un acuerdo de conformidad con la fiscalía para no ir a juicio y asumir una parte de la condena y de las indemnizaciones solicitadas. Sus abogados intentarán desmontar las tesis del fiscal con pruebas y testimonios para demostrar al tribunal que Dorado levantó su fortuna —unos 30 millones de euros embargados, en dinero y propiedades— con los ingentes beneficios que le proporcionó el tabaco de contrabando desde finales de los años setenta como jefe de una de las tres compañías tabaqueras que fundaron el negocio en Galicia.

Destaca el ministerio público las técnicas de blanqueo utilizadas por la red de Marcial Dorado y resalta la fórmula de préstamos entre sociedades del entramado “que en realidad son autopréstamos con los que las prestatarias adquieren bienes, efectúan inversiones y realizan pagos”. Dichos préstamos, explica la fiscalía, se devuelven coincidiendo con la entrada de nuevo efectivo procedente de cuentas a nombre de sociedades domiciliadas en paraísos fiscales. El 17 de diciembre de 1997 el acusado ingresó en el BNP Paribas 3,2 millones de euros. En este proceso también será juzgado el teniente coronel de la Guardia Civil Juan Miguel Castañeda Becerra, que hasta julio de 2009 era el responsable de la Comandancia de Guadalajara y luego confinado al Servicio de Retribuciones de Personal en Valdemoro. Mano derecha de Marcial Dorado, Castañeda se enfrenta a 10 años de cárcel e inhabilitación del cargo, acusado de colaboración con organización criminal, falsedad en documento público así como de interponer una acusación y denuncia falsa contra el que fue juez instructor de la causa, el magistrado José Antonio Vázquez Taín.

Castañeda y Dorado, según el fiscal, urdieron un plan con otro ex guardia civil también acusado, José Manuel Sánchez Zabala, considerado presunto testaferro en la red de blanqueo, y el exagente del Servicio de Vigilancia Aduanera con base en Vigo Eugenio Fontenla para “neutralizar la acción judicial” y orquestar una campaña de desprestigio contra el juez. Sánchez Zabala y otro guardia civil habían sido condenados junto a Dorado del delito de cohecho. El fiscal le acusa de tenencia de útiles para realizar falsificaciones de documentos públicos, acusación y denuncia falsa, blanqueo y colaboración con organización criminal. Para el exaduanero la fiscalía solicita cinco años de prisión por violación de secretos y cooperador de la trama.

La pareja de abogados que comparten despacho en Madrid Félix Pancorbo Nogueruela y Rosa María Stampa Rodríguez también aparece vinculada a la red de blanqueo con un papel determinante, según el fiscal, y “su labor sobrepasó la barrera de asesoramiento personal”. Ambos letrados constituyeron dos sociedades a las que se transmitieron fincas de Dorado por valor de 1,6 millones de euros. Posteriormente Pancorbo compró las participaciones de una de ellas, se nombró administrador único y trasladó el domicilio social a su despacho profesional. Una semana más tarde el abogado adquirió 38 fincas a Petrogalicia y una más a Anfra Sistemas, ambas empresas de Marcial Dorado.