Feijóo exige ahora el cese de cargos del PP con medidas cautelares

Desayunarse cada mañana con un nuevo sumario — y su correspondiente ración de cargos públicos imputados— en las portadas se ha convertido ya en rutina para los partidos gallegos. A unos meses de las elecciones europeas, la sucesión de tramas que tiene atenazados a los gobiernos (y en algunos casos también a la oposición) de las ciudades (Lugo, Santiago, A Coruña y Ourense, por la Pokémon: Pontevedra y Vigo, en el caso Patos) se hace insoportable y abona la sospecha general sobre la política. Los sumarios al descubierto y los pinchazos telefónicos han embadurnado las siglas de PP y PSOE y amenazan la reelección de algunos de sus alcaldes más poderosos. Ángel Currás, el de la capital de Galicia, pende de un hilo con diez de sus trece ediles imputados en distintas causas. En ese contexto, ayer AGE demandó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durante la sesión de control al Gobierno que abandere un pacto entre partidos contra la corrupción y se expulse a los cargos públicos “imputados o procesados”.

 El presidente admitió que siente “tristeza al leer los medios de comunicación” y acto seguido hizo una reivindicación de la política. Aseguró que en Galicia hay 4.100 cargos públicos, de los que el 2% están imputados. “Me gustaría que no hubiese ese 2%”, admitió, pero también aseguró que “la mayoría de políticos de todos los partidos son honrados”. Extendió esa afirmación esa afirmación a los sindicatos. Y estableció una nueva línea roja como presidente de la Xunta y también del PP gallego: los cargos públicos a los que un juez imponga medidas cautelares tendrán que dimitir.

El anuncio obligaría a destituir a los alcaldes y concejales del PP involucrados en la Operación Orquesta que indaga sobre una red de amaños de contratos en la Costa da Morte. Tráfico de influencias, prevaricación y cohecho son los delitos que se imputan a los regidores José Manuel Traba (Fisterra) y José Manuel Santos (Mazaricos), ambos del Partido Popular, detenidos por esta causa y en libertad provisional desde febrero de 2011. Tienen la obligación de presentarse ante el juzgado cada 15 días, al igual que los tres ediles del mismo partido —dos de Fisterra y uno de Mazaricos— también procesados por tráfico de influencias en esta causa.

El PP gallego ignora además la Ley Electoral al mantener como concejal del gobierno municipal de Oza-Cesuras, pese a haber sido condenado a seis meses de inhabilitación, al que fue alcalde durante tres décadas de Oza dos Ríos Ramón Peón. La normativa electoral, desde enero de 2011, obliga a declarar incompatible y destituir a todo edil que es condenado por sentencia "aunque no sea firme" por cometer un delito contra la Administración pública. Peón, suegro del actual alcalde, fue condenado por negarse a ejecutar una orden judicial de derribo de una edificación ilegal, informa Paola Obelleiro.

Feijóo no avanzó ningún plazo para hacer cumplir sus instrucciones y negó, al igual que han hecho otros partidos (en la respuesta a AGE citó unas declaraciones del exlíder de IU Gaspar Llamazares en el mismo sentido) que por el mero hecho de ser investigado un político deba tirar la toalla. Esa misma vara de medir es también la que ha elegido el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien ha apelado a la presunción de inocencia y evitado dejar caer al alcalde de Lugo, Xosé Clemente López Orozco, y al hombre fuerte del partido en Santiago, Bernardino Rama, ambos imputados en la trama Pokémon, al igual que el concejal en A Coruña José Nogueira.

Besteiro ha defendido esta semana sacar a los cargos políticos de las mesas de contratación que adjudiquen contratos o concesiones públicas. Y la Xunta le ha respondido a través de su vicepresidente, Alfonso Rueda, que su propuesta abunda en la desconfianza hacia la política.