Valderas pide al Gobierno que aplace la implantación de la reforma local

El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, quiere del Estado una "moratoria" en la aplicación de la reforma local, aprobada a finales de 2013. El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra esta ley al entender que invade competencias fijadas en el Estatuto andaluz. Pero, mientras el Tribunal Constitucional resuelve, Valderas propone que se paralicen los artículos recurridos. El vicepresidente tiene planeado trasladarle esta petición al Ministerio de Hacienda.

El recurso, que aún debe esperar al visto bueno del Consejo Consultivo, se presentará antes de que acabe marzo, ha detallado Valderas. La oposición a esta reforma ha sido una de las banderas que el vicepresidente andaluz, que también es consejero de Administración Local, ha agitado en los últimos meses.

Valderas ha insistido este martes en que la norma supondrá un gasto adicional para la Junta de 600 millones, más de la mitad al tener que asumir servicios educativos que ahora prestan los Ayuntamientos de la comunidad. Además, el vicepresidente ha afirmado que la reforma supondrá "un gran ERE municipal" ya que, según sus cálculos, unos "40.000 empleos están en riesgo en Andalucía".

El recurso contra la ley fue analizado el lunes en el Consejo Andaluz de Concertación Local. Según Valderas, la mayoría de los miembros de este órgano de intermediación entre la Junta y los Ayuntamientos apoyaron el recurso. Aunque el vicepresidente reconoce que el PP se opuso. Los populares han afirmado este martes que el recurso es un "paripé" sin "base jurídica ni política". Sin embargo, Valderas ha indicado que la verdadera pretensión del Gobierno central es, "posiblemente, un nuevo modelo territorial".

El Consejo de Gobierno ha aprobado también este martes la declaración institucional del aniversario del 28-F, que se celebra el viernes. Y la defensa del actual modelo territorial es uno de los argumentos de esa declaración: "Andalucía desempeña un papel de equilibrio en el mapa político español, sometido a tensiones que en cierta medida reproducen las vividas durante la Transición democrática". Estas tensiones vendrían desde Cataluña, pero también "de aquellos que atacan la viabilidad del Estado autonómico".