La juez interroga a la excúpula del Pastor por cinco presuntos delitos

El juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña investiga a la antigua cúpula del Banco Pastor, hoy integrado en el Popular, por la presunta comisión de hasta cinco delitos, entre ellos dos contra el mercado y los consumidores además de los de administración fraudulenta y falsedad en documento mercantil. El expresidente de la entidad José María Arias Mosquera y el que fue su segundo, el exconsejero delegado Jorge Gost Gijón, han sido llamados a declarar hoy como imputados ante la juez, aunque el segundo no acudirá porque no se le pudo notificar la citación.

Todo partió de la querella criminal interpuesta hace casi dos años y medio por un pequeño accionista de Barcelona, quien se considera estafado por “una argucia financiera diseñada” supuestamente por la exdirección del Pastor entre los años 2008 y 2010 para “dar apariencia de solvencia a un banco que estaba en realidad en quiebra legal”. El denunciante, Manuel García Sánchez, detentor de 365 acciones de la antigua entidad coruñesa, acusa a su dirección de “maquillar sus cuentas fraudulentas” y de haber engañado a pequeños inversores y al propio mercado financiero, “a través del espejismo de fantásticos créditos hipotecarios fallidos, inversiones en participaciones sociales fallidas y participaciones en sociedades igualmente fallidas”. Todo “un artilugio fraudulento” que no solo se ocultó a conciencia, dice el denunciante, sino que permitió a los directivos cobrar mientras tanto cuantiosos bonos y dividendos.

García Sánchez, representado por el bufete de abogados y economistas de Lleida Frade Gobeo, describe en su escrito de acusación una “trama financiera que se parecía al juego de los trileros”: acusa al consejo de administración del banco de haber constituido, como mínimo, siete sociedades inmobiliarias para captar créditos de importantes cuantías pero cuyos intereses no podían pagar ya que carecían de ingresos. El bufete de García cifra en 1.325 millones de euros las pérdidas por los impagos de esas inmobiliarias del banco, lo que lo situaba en quiebra legal. Pero para ocultarlo y captar fondos, la entidad emitió supuestamente, según la denuncia, acciones y preferentes en el mercado minorista, que atrajo a clientes y nuevos accionistas “que confiaban en la información oficial sobre la buena marcha” del Pastor.

El “chollo”, en palabras de Iñaki Frade, del bufete Frade Gobeo, consistía en contabilizar el dinero “dos veces como capital propio, por una parte como beneficios en la cuenta de resultados y por otra como recurso en su balance”. En sus cuentas oficiales del año 2010, presentadas ante el Registro Mercantil, el Pastor declara un patrimonio neto de 1.324,8 millones de euros. Pero el balance era en realidad negativo, según un informe pericial aportado en el juzgado de A Coruña, con pérdidas de 314,3 millones. Los perjudicados fueron esencialmente los pequeños accionistas que, como el denunciante, vieron cómo se dividió por seis el valor de sus acciones, cuando fueron obligados a canjearlas al cambiar de dueño la entidad.

El bufete de García sostiene que el Pastor ocultó a conciencia a su comprador sus malos resultados hasta después del anuncio, en octubre de 2011, de la OPA. La propia CNMV, cuando el Banco Popular culminó en 2013 la compra de la entidad coruñesa por la que pagó 1.246 millones, aclaró que su valor neto era en realidad negativo por 497,1 millones. El actual dueño del Pastor emitió ayer un escueto comunicado en el que tacha de “injusta” la querella interpuesta contra el antiguo consejo de administración y advirtió que tanto los exdirectivos como el propio Banco Popular “se reservan” emprender acciones judiciales, incluidas de ámbito penal, “en la defensa de su buen nombre”.

Hasta la citación hoy ante la juez de los dos primeros imputados hasta el momento, la querella de Manuel García también pasó por múltiples peripecias desde su presentación en octubre de 2011, coincidiendo con el anuncio de la OPA. En marzo, al no tener noticia alguna del juzgado coruñés, el bufete presentó una ampliación de la denuncia con la petición de que fuera derivada a la Audiencia Nacional. El juzgado coruñés, que admitía indicios de posible falsedad documental, aceptó inhibirse pero el tribunal de Madrid le devolvió el asunto a finales del pasado año