La crisis de los 30 en Grazalema

El Parque Natural de la Sierra de Grazalema cumplirá en diciembre 30 años. Fue el 18 de aquel mes de 1984 cuando se aprobó la protección mediante un decreto del Consejo de Gobierno andaluz que fue pionero porque era el primer territorio de la comunidad que recibía esta consideración. Lo hizo después de haber sido declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco. Aquí se ensayó el resto de protecciones que recibieron después otros espacios. Y, justo ahora, la unión de aquella decisión se resquebraja. Porque en el balance de estos 30 años los cinco municipios malagueños adscritos al parque se sienten marginados con respecto a sus nueve vecinos gaditanos. Más allá de una propuesta de cambio de nombre subyace el interés ya reconocido de que el parque pueda dividirse en dos.

Cortes de la Frontera, Benaoján, Montejaque, Ronda y Jimena de Líbar han formado parte del parque desde su origen pero sus actuales alcaldes no se sienten representados en igualdad con respecto a los vecinos gaditanos de Algodonales, Benaocaz, El Bosque, El Gastor, Prado del Rey, Ubrique, Villaluenga del Rosario, Zahara de la sierra, y sobre todo, Grazalema. La marca Grazalema ha pesado sobre los demás y, según lamentan, los municipios gaditanos se han llevado los beneficios que puede traer un parque natural, como la atracción de visitantes y la llegada de inversiones e infraestructuras, y ellos los perjuicios, los límites de crecimiento y desarrollo. Incluso llegaron a alertar de que las inspecciones forestales son más intensas en Málaga que en Cádiz.

Los alcaldes serranos de Málaga proponen incorporar a la denominación del parque natural el apellido de serranía de Ronda. Sería la manera de apaciguar sus reclamaciones de más respaldo de la administración autonómica. Casualmente es Ronda el Ayuntamiento menos reivindicativo de los cinco, quizá por contar ya con un reconocimiento más allá de su inclusión en el espacio protegido de Grazalema. Los expertos a los que aluden los Consistorios malagueños señalan diferencias geográficas, históricas o paisajísticas para argumentar diferencias con sus vecinos gaditanos y para reclamar la propia idiosincrasia de sus municipios.

La Junta de Andalucía se ha autoerigido como árbitro. Por eso a finales de enero señaló un punto del día sobre este cambio de denominación en una reunión de la junta recorta del parque. Los alcaldes malagueños no asistieron a ese debate por no sentirse bien representados. Lamentaron que el delegado de la Consejería de Medio Ambiente de Málaga no acudiera a la cita y sí lo hiciera su homólogo gaditano. Los presentes en esta junta rectora sí profundizaron en esta reclamación. Su principal conclusión es que lo importante no es si el parque cambia o no de nombre, sino si realmente debe permanecer unido. Ese debate, mucho más profundo que la mera forma en que debe llamarse al parque, está sobre la mesa. Los municipios malagueños, entre la sierra de Líbar y la de las Nieves, podrían encontrar más acomodo en una denominación de su propia provincia, que evite las comparaciones. La última junta rectora dejó sin resolver el conflicto. Los alcaldes han anunciado próximos encuentros para debatir su salida del parque y los requisitos que les exigirían para conformar un nuevo parque natural o adscribirse a otro. El nombre, en ese caso, sería lo de menos. Han pasado 30 años desde la creación del parque natural de Grazalema. Y hay quien piensa que muchas veces lo mejor para la feliz convivencia es una pacífica separación.