Brillante futuro, triste presente

En las últimas semanas el Gobierno catalán ha abrazado la democracia radical. El consejero de la presidencia, Francesc Homs, ha afirmado en reiteradas ocasiones que el voto de un ciudadano de a pie vale igual que el de un empresario por grande que sea. La declaración de Homs es encomiable, porque remacha regla de oro de la democracia y entierra nominalmente el odioso sufragio censitario, como el que, de acuerdo con la legislación prusiana del siglo XIX, permitía que en los comicios de Essen el solo voto de Alfred Krupp -de la dinastía de industriales del Ruhr- equivaliera a más del 30% del total padrón electoral.

CiU se ha convertido en abanderada del igualitarismo del sufragio cuando los vientos de la gran patronal catalana soplan en contra de la consulta. Ahora predica que el voto de un gran empresario vale igual que el de cualquier ciudadano. La Cataluña del futuro acoge así bajo su cálido manto fraternal a una nación de hombres libres e iguales en contraste con el inhóspito mundo exterior. Y es que en el acalorado viaje a Ítaca CiU está redescubriendo los grandes valores plasmados en La República de Platón: una sociedad en armonía, con sabios gobernantes, valientes guerreros y laboriosos agricultores.

El Gobierno catalán dibuja un almibarado futuro mientras un 11,6% de los ciudadanos no puede pagar la hipoteca a fin de mes

La nueva Hacienda presentada el pasado viernes por Artur Mas quiere ser un ejemplo de los andares de la nueva Cataluña soberana: “Menos fraude fiscal, más cooperación y no tanta represión; nada de calcos de la Agencia Tributaria Española”. La propuesta de Tributs de Catalunya no pasa de ser un wishful thinking que pretende edulcorar el futuro para huir de los rigores del presente. Quizás al Gobierno catalán y a sus aliados se les está yendo la mano en el almíbar al describir el horizonte que nos aguarda. Estamos condenados a grandilocuentes discursos tan hueros como muchas de las estructuras de Estado que se presentan, mientras transcurre el día a día y la situación no mejora para la gran mayoría de los ciudadanos. El brillante futuro se erige como sustitutivo de un presente más bien triste, en el que Cataluña está situada en el segundo lugar de las autonomías con mayor porcentaje de hogares considerados pobres, según el informe dado a conocer por Funcas esta misma semana.

El proceso soberanista actúa de catalizador de esperanzas. Pero la fe en la utopía no puede ser el único norte, sino va acompañado de hechos o de medidas tangibles. No se puede fiar todo a la fraternidad catalana si los discursos no van de la mano de los hechos.

La política de recortes no puede desembocar en promesas de un futuro incierto en el que parece ser que los catalanes lo vamos a compartir todo como buenos hermanos. Somos la patria de Pla, Miró o Gaudí y también la de Fèlix Millet y Jordi Montull. Nada hace suponer que seremos mejores si no concretamos medidas para serlo más allá del buen rollo nacional.

La “nueva política catalana”, de la que presume CiU, no pasa de ser un calco de viejas prácticas españolas, esas que, aseguran, son su antítesis

Los grandes principios son una cosa y otra distinta su traducción en la vida cotidiana. La igualdad de voto debe ser tomada en serio. La política debe garantizar la equidad, pues la democracia ha de suponer igualdad de derechos. Y por eso, más allá de los grandes principios, los poderes deben ser proactivos. No puede entenderse que se ayude a los bancos a salir de la crisis (más de 40.000 millones de euros a fondo perdido) si no se ayuda en la misma proporción a quienes son desahuciados por impago de las hipotecas. Un 11,6% de la población catalana asegura no poder hacer frente al pago de la hipoteca o de algún recibo a fin de mes. La crisis requiere solidaridad y la Cataluña del futuro no puede fiarlo todo a una Hacienda vagamente “no represiva”. El Gobierno de Artur Mas tiene ahora la oportunidad de vincular su proyecto a la justicia social: tomando medidas contra la exclusión social de los más frágiles, legislando a favor de las sanciones a las entidades financieras que mantengan viviendas vacías, reinstaurando un sistema eficaz de renta mínima de inserción y, desde luego, recordando que de la lucha contra el fraude fiscal se podría obtener más que de la franja alta, los 16.500 millones de euros, del déficit fiscal catalán.

Y algunos pequeños pasos se pueden ir dando, poco a poco. Es lícito que el soberanismo en el poder tenga un proyecto social de futuro, pero también debe gobernar y gestionar el presente, más que tratar de huir de él porque no le gusta. De otra manera, la “nueva política catalana”, de la que presume CiU, no pasa de ser un calco de viejas prácticas españolas, esas que, aseguran, son su antítesis.