El Gobierno de Trias privatizará también la Oficina para la No Discriminación
Los sindicatos y entidades temen que la externalización pueda afectar a la calidad de un servicio que consideran "sensible"
El Ayuntamiento de Barcelona externalizará la gestión de la Oficina para la No Discriminación (OND), después de 16 años de dar servicio a los ciudadanos de Barcelona. Esta nueva privatización se suma a la de la gestión de los 26 aparcamientos públicos más rentables de la ciudad, que se conoció el lunes tras el anuncio del PP de apoyar la propuesta del alcalde Xavier Trias (CiU).
La privatización de la OND preocupa a los sindicatos con representación municipal, porque temen que los nuevos trabajadores “serán víctimas de una contratación precaria” y que el servicio que ofrece la oficina —normalmente a los colectivos más vulnerables— empeorará con total seguridad, según denuncia Paco Jiménez, de la sección sindical de la CGT.
La concejala de Derechos Civiles del Ayuntamiento de Barcelona, Francina Vila, confirmó la “externalización” pero aseguró que el servicio no saldrá perjudicado, sino todo lo contrario: “Queremos darle un peso más importante a la oficina y que sea más transversal”, explicó. Según adelantó, el objetivo del Ayuntamiento es aumentar la plantilla actual, que es de cuatro trabajadores, pero “el Estado impide contratar a nuevos trabajadores públicos” de manera que según Vila, “la única vía es la externalización”. Según su compromiso, en un futuro el Ayuntamiento ampliará el presupuesto que se destina a la oficina. La externalización se efectuará en otoño a partir de un concurso público.
La promesa de la concejal no ha servido para calmar los ánimos tras la nueva privatización del Gobierno del alcalde Xavier Trias. Además de los sindicatos, también están preocupadas las entidades que se dedican a defender los derechos de las personas inmigrantes. De los 500 casos que trató la oficina en 2012, un 30% eran sobre personas inmigradas que se sintieron discriminadas por alguna razón.
La portavoz de SOS Racismo, Jose Peñín, mostró su “sorpresa” tras conocer la noticia y aseguró que la entidad estaba “intranquila” porque se trata de “un servicio que afecta al derecho de las personas, con la responsabilidad que esto supone y la sensibilidad que requiere”.
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