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A juicio una empresa que rebajó los sueldos un 75%, hasta el salario mínimo

El caso se verá este miércoles en los juzgados de lo Social de Barcelona

En agosto pasado, 34 trabajadores de la empresa IMESAPI, del grupo ACS, vieron como de la noche a la mañana la dirección les rebajó el sueldo de los 3.000 euros brutos que cobraban de media al Salario Mínimo Interprofesional (SMI): 645,3 euros, una caída del 75%. Los trabajadores denunciaron a la empresa y el caso está previsto que se vea mañana en el Juzgado Social 16 de Barcelona. La clave de la cuestión es que la empresa, que se dedica al mantenimiento de cabinas telefónicas, dio el convenio colectivo por caducado, pese a una cláusula que preservaba la vigencia más allá del periodo de caducidad, hasta que no hubiera acuerdo de renovación.

En concreto, el convenio caducó en 2012 y como es preceptivo los empleados procedieron a denunciarlo para emplazar a la empresa a negociar de nuevo. Pero la empresa se negó a negociar, según la versión de los trabajadores, que lo hicieron constar ante la Inspección de Trabajo. Hasta agosto de 2013 el convenio permaneció en periodo de ultractividad (el tiempo que se mantienen las condiciones del convenio caducado), y entonces de forma unilateral y sin negociación, la empresa decidió que las relaciones laborales pasaban a depender de los mínimos que contempla el Estatuto de los Trabajadores.

"La empresa decidió hacer una lectura sesgada y completamente desproporcionada de las potestades que le otorga la normativa laboral con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma laboral en febrero de 2012 para dar por caducado el convenio", ha denunciado el despacho de abogados Col.lectiu Ronda en un comunicado. El despacho explica que Imesapi, que actuó igual con su plantilla del País Vasco, obtuvo una sentencia contraria al hecho de dar por finiquitado un convenio colectivo.

IMESAPI ganó la concesión del mantenimiento de las cabinas telefónicas de la provincia de Barcelona en mayo de 2012. Hasta entonces, la compañía ya se encargaba de ello en la ciudad de Barcelona. Los trabajadores denuncian que la empresa se hizo con la concesión que otorga Telefónica porque "reventó" la selección con una oferta muy baja. "Desde entonces, hemos sufrido la discriminación de la empresa que no nos daba herramientas y ha querido trasladar trabajadores a Bolívia y Perú", afirma Josep Alpuente, representante del comité de empresa. Incluso propusieron a un trabajador que se encargara del mantenimiento de la prisión de Ceuta. Las acciones contra los trabajadores culminaron hace un año en el despido de una decena de ellos. Estos despidos han sido declarados improcedentes por la justicia y la empresa decidió readmitirlos.

El portavoz de los trabajadores sospecha que los empleados de la antigua empresa que se encargaba de la concesión son discriminados por IMESAPI. "En Lleida o en Aragón no han aplicado esta reducción del salario", explica. Pese a todo, los trabajadores de la ciudad de Barcelona también han visto denunciado su convenio y su salario reducido hasta el mínimo legal de 645,3 euros.

El abogado de los trabajadores, Jordi Juan, cuenta que ya han obtenido una primera victoria judicial porque el juez ha aceptado como medida cautelar el restablecimiento del convenio. "Este mes de febrero esperamos que entre en vigor esta medida y que los trabajadores vuelvan a cobrar su salario anterior de forma provisional", cuenta el letrado. Los trabajadores han vivido un auténtico infierno durante estos 6 meses, en los que solo han percibido poco más de 600 euros. "La gente tiene muchas facturas por pagar y hemos tenido que pedir ayuda a familiares", cuenta Alpuente. Su abogado reconoce que "es la primera empresa que usa la reforma laboral para rebajar los salarios hasta el mínimo".