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El retraso del CJC facilita la prórroga de un contrato amañado en Torrevieja

Técnicos municipales pidieron la resolución del organismo hasta tres veces durante 2013

La opinión del Consell Jurídic Consultiu (CJC) sobre si Torrevieja debe continuar con su contrata de basuras, con múltiples irregularidades, no aporta nada nuevo pero llega tarde. En su informe —anunciado ayer por el equipo de gobierno—, el ente formado por expertos juristas del derecho valenciano considera que “hay motivos” para rescindir el convenio por cuyo amaño el exalcalde de la ciudad, Pedro Ángel Hernández Mateo, fue condenado en firme a tres años de cárcel y siete de inhabilitación. El informe llega con retraso, después de que la Junta de Gobierno local aprobara el 13 de diciembre pasado (seis meses antes de que acabe la contrata como exige la ley) la prórroga del convenio “por el tiempo necesario para la adjudicación del nuevo contrato y como máximo de un año”.

Hasta en tres ocasiones durante el 2013 preguntaron los servicios técnicos del Consistorio sobre un contrato que ya tenía opiniones desfavorables contra la labor de Acciona, gestora de las basuras de Torrevieja. Ante los informes contrarios del ingeniero y de la oficial mayor municipales, la Junta de Gobierno demandó una resolución al CJC que “se denegó en dos ocasiones por estar fuera de plazo”, explica José María Dolón, concejal de Los Verdes, agrupación que desde 2004 busca conocer los pormenores de una contrata siempre polémica en la ciudad. El valor del contrato oscila entre los 100 y los 130 millones.

Que la contrata era irregular también lo dijo el Tribunal Superior (TSJCV) en noviembre de 2012, cuando condenó a Hernández Mateo, y el Supremo, en octubre de 2013, cuando ratificó la sentencia, según la argumentación de Dolón.

Informe sin novedades

El alcalde Eduardo Dolón no pone fecha para la liquidación de la contrata, “es cosa de los técnicos” dice. Las conclusiones del CJC, según él, son principalmente la no materialización de las instalaciones que la empresa se comprometió a hacer en 2004: una planta de transferencia para rebajar el coste de la recogida y unas naves taller.

“A buenas horas, mangas verdes. El Tribunal de Cuentas ya opinó de lo que conviene a ciudades como Torrevieja y es municipalizar el servicio”, resumió Fanny Serrano, la edil del PSPV. Su partido impidió que Acciona siguiera usando un espacio sin licencia de obra o actividad en lugar de construir la planta prometida. Ni Los Verdes, ni el PSPV tienen claro que Acciona no sea la futura adjudicataria.

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