Català y Ciscar intentan sofocar el conflicto lingüístico con la Acadèmia
“Estamos en un momento de diálogo, pero no tenemos un marco temporal”
![Los consejeros María José Català y José Ciscar, en la rueda de prensa tras el pleno del Consell.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/EKJV57LCOFEF5J7IHNNALPQJGM.jpg?auth=745b471455a827d785045112273cbb76711003ac050fef4c748efadbe58feaa7&width=414)
El vicepresidente y portavoz del Consell, José Ciscar, y la consejera de Educación, María José Català, comparecieron este viernes tras la reunión semanal del Gobierno valenciano para intentar sofocar el conflicto lingüístico abierto con la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) a cuenta de la definición de valenciano del Diccionari Normatiu. Una definición que constata que el valenciano pertenece al mismo sistema lingüístico que el catalán.
Català se empleó a fondo para intentar adormecer una polémica generada por el propio Gobierno valenciano y que ya ha empezado a pasar factura al Partido Popular. Una formación que empieza a tomar consciencia de que el coste de reabrir el conflicto lingüístico puede ser mucho mayor que el beneficio.
La consejera de Educación realizó un ejercicio de funambulismo sobre el alambre (de espino) en que se ha convertido el dictamen del Consell Jurídic Consultiu. Así, Català se vio obligada a defender el contenido del informe, a la vez que insistía en el diálogo abierto con la Acadèmia para hallar una solución que, ahora, no corre ninguna prisa.
“Estamos en un momento de diálogo, pero no tenemos un marco temporal”, argumentó la consejera, “No hay un calendario previsto porque un trabajo de 12 años [el Diccionari Normatiu] requiere su proceso de reflexión”.
Ciscar añadió: “Queremos apartar cualquier tipo de polémica, porque no nos podemos permitir un debate acalorado de la lengua”.
El Consell no se plantea medidas de castigo contra los académicos
Pese a que el secretario general del PP regional y consejero de Gobernación, Serafín Castellano, llegó el pasado jueves a insinuar que los académicos “apuestan por la colonización catalana”, la consejera de Educación argumentó: “No entendemos que haya una situación de conflicto. El Diccionari está en un proceso abierto y cualquier ciudadano e institución puede hacer cualquier propuesta de modificación”.
En este contexto, Català sorprendió cuando aseguró que el Consell no pretende imponer ninguna definición del valenciano en el Diccionari “porque si planteásemos una solución se nos acusaría de injerencia”. “Aunque entendemos que la definición no ha respetado el Estatut y lo dispuesto en la creación de ley de creación de la Acadèmia”. En una comparecencia casi monográfica, Català negó que el Consell se haya planteado medidas de castigo contra la Acadèmia si no modifica la definición de valenciano en el Diccionari, como si han insinuado otros cargos del PP. “Estamos en un momento de diálogo en busca de solución”, insistió la consejera, “No estamos con otras medidas”. “No está en cuestión ni la autonomía de la Acadèmia, ni su independencia”, recalcó.
Tanto Ciscar como Català intentaron acotar la polémica a una cuestión estrictamente jurídica después de haber sido su propio partido el que ha colocado el conflicto con la Acadèmia en la agenda política del Consell. La consejera de Educación admitió que el Gobierno valenciano se contentaría con una definición de valenciano que “se acomodara al ordenamiento jurídico”. Un extremo que la Acadèmia da por cumplido en la definición cuestionada.
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