Andalucía expedienta a la Sareb por ‘ocultar’ sus viviendas protegidas

La supuesta devaluación de activos de la Sareb, el banco malo, es uno de los argumentos principales empleados por el Gobierno central en el recurso que presentó en diciembre de 2013 ante el Tribunal Constitucional contra la ley andaluza antidesahucios. Pero al Ejecutivo de Mariano Rajoy le preocupaban, sobre todo, los artículos que permitían a la Junta expropiar temporalmente el uso de viviendas cuando fueran a ser desahuciadas familias en riesgo de exclusión y multar a los bancos por las casas que mantuvieran vacías.

Esos son los artículos que el Gobierno ha impugnado y los que el alto tribunal ha suspendido tras admitir el recurso. Pero el resto de la ley sigue vigente y la Junta la ha hecho valer ahora para expedientar a la Sareb por incumplimiento de la función social de 911 viviendas de protección oficial (VPO) de las que es titular en la comunidad. Según la Consejería de Fomento y Vivienda, las posibles sanciones derivadas de los dos procedimientos administrativos abiertos pueden alcanzar los 109,44 millones de euros.

La primera sanción, por infracción muy grave, se debe al incumplimiento de una disposición adicional de la ley de VPO introducida en la nueva ley de la función social de la vivienda (la conocida como ley antidesahucios) que establece la obligación de las entidades financieras de aportar a la Junta su inventario de VPO. La norma andaluza entró en vigor como decreto (luego se convirtió en ley) en abril de 2013 y daba un mes de plazo a las entidades para informar de las viviendas protegidas que tuvieran.

La Sareb no ha aportado este dato y el Gobierno de Susana Díaz le informó el pasado 17 de enero de la apertura del expediente sancionador. Según la Junta, la multa por esta infracción puede alcanzar los 120.000 euros. Pero lo curioso es que la Consejería de Fomento y Vivienda ha tenido conocimiento de que el banco malo tenía casi mil VPO en Andalucía a partir de un informe de la propia Sareb que el Gobierno central incluyó en el recurso que presentó ante el Constitucional. En el escrito, titulado Análisis de impacto y valoración del decreto ley de Andalucía, el banco malo advertía de que el 12% de sus activos inmobiliarios están en esta comunidad. Y detallaba: 4.473 viviendas libre de primera residencia, 995 de segunda residencia y 911 VPO.

La segunda sanción a la que se expone corresponde a las 911 infracciones graves (una por cada VPO) que, supuestamente, ha cometido al no poner las viviendas a disposición de los registros públicos municipales de demandantes, una obligación que recoge el artículo 20 de la ley de VPO. La Junta le envió el 20 de enero un requerimiento oficial de información y le exigió la documentación que acreditara la puesta a disposición de las VPO en los registros. Si la Sareb no consigue acreditarlo (y la Junta cree que no va a poder) la sanción puede alcanzar los 109,32 millones de euros.

La Sareb va a presentar alegaciones. "Estamos absolutamente comprometidos con cumplir la ley, pero habíamos trasladado a la Junta la complejidad de recabar los datos en los plazos previstos. Ha resultado imposible debido a la cantidad de activos que hemos recibido en muy corto periodo de tiempo", explican fuentes de la entidad. El banco malo considera que la sanción propuesta es "desproporcionada" y se queja de que la cuantía se haya calculado aplicando una sanción por cada una de las 911 viviendas en vez de una para todo el paquete.

Las fuentes de la Sareb aseguran ahora que la cifra de 911 VPO detallada en el informe entregado por el Gobierno son solo "una estimación". "No podemos asegurar todavía cuándo tendremos los datos definitivos. La regularización de las viviendas implica el trabajo con muchas y distintas administraciones, estudiar los traspasos, inscribirlas en los registros catastrales...", afirman estas fuentes.

La Junta no tenía conocimiento oficial de que la Sareb tuviera VPO hasta que no recibió el recurso del Gobierno. Pero la Consejería de Vivienda sí sospechaba desde hace meses de esta situación porque, según fuentes del departamento que dirige Elena Cortés (IU), tenía constancia de que el banco malo había ofrecido las VPO en ferias inmobiliarias y a fondos internacionales como si fueran vivienda libre. Por eso la consejera Cortés le recuerda a la Sareb que la función de las viviendas protegidas. "Las VPO no están en venta en Andalucía para ningún salón inmobiliario, sino para que sea efectivo el derecho a la vivienda", afirma la consejera.

El Gobierno central ha salido en defensa del trabajo del banco malo y ha elogiado su "importante y muy compleja" labor. "Está desempeñando una función esencial", ha afirmado el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre.