El Parlamento aprueba la nueva Ley de horarios comerciales

El Parlament ha aprobado este miércoles la nueva Ley de Horarios Comerciales con la que el Gobierno catalán prevé blindar su política comercial ante las sentencias contrarias del Tribunal Constitucional y la política liberalizadora del Gobierno del PP. La propuesta ha salido adelante gracias a los 100 votos favorables de CiU, ERC, el PSC y ICV-EUiA, mientras que PP y CUP (19) han votado en contra y Ciutadans ha optado por abstenerse.

Con la nueva ley el Gobierno catalán pone a cero el contador de recursos y gana tiempo para aprobar una nueva Ley de Comercio, más amplia que la aprobada este miércoles, que apenas incluye novedades: aumenta de ocho a diez el número de días festivos que podrán abrir los comercios en Cataluña, incorpora la posibilidad de que los comercios incluyan una zona de outlet y se da la posibilidad de que los sectores afectados emitan dictámenes, no vinculantes, cuando un municipio solicite la calificación de turístico.

El diputado convergente Xavier Crespo, que ha defendido la proposición de ley, ha demandado al Partido Popular que cambie su forma de actuación en materia de política comercial y que "tome la vía del diálogo" y "del consenso". Se refería, especialmente, al real decreto que el Gobierno central aprobó en verano de 2012, con el que se pretendía imponer mayor liberalización del sector.

El popular Santi Rodríguez ha demandado que se aumente el número de festivos que se pueden abrir en Cataluña, para así acercarse a los modelos de París, londres y Nueva York. En su opinón, lo ideal es alcanzar los 16 días de libre apertura, un modelo que posblemente se implante en breve en la ciudad de Barcelona, si los representantes de los comerciantes alcanzan un acuerdo.

El resto de grupos han defendido un modelo en el que convivan el pequeño comercio con el gran formato y se permita compatibilizar vida laboral y personal.

El director general de Comercio de la Generalitat, Josep Maria Recasens, explicó que se trata de "un día importante" y aseguró que con la aprobación de la ley "ya no hay una situación de incertidumbre jurídica" y que "se ha de cumplir". Se refiere al régimen sancionador, que hasta ahora no se ha aplicado en el caso de los comercios que estaban abriendo los domingos en algunos barrios del centro de Barcelona pese a que la normativa catalana lo prohibía.

Recasens denunció la "prepotencia" con la que ha actuado el Gobierno central en materia comercial e instó a modificar su forma de actuar para apostar por el "diálogo".