Los jueces acusan al Gobierno de revelar datos de una operación secreta

La presteza del subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Antonio Coello, en dar información a los medios sobre la detención de tres personas en relación con la muerte violenta de un anciano en Poio la semana pasada ha molestado a los jueces de Instrucción de la ciudad, que han firmado un manifiesto, con el apoyo del juez decano, Miguel Aramburu, para criticar la rueda de prensa de ayer, “extremadamente imprudente”, a su entender.

Coello convocó a los medios a una rueda de prensa por la tarde para informar de las detenciones que durante la jornada se habían producido respecto al “asesinato” de Secundino Prego, un octogenario hallado muerto en la madrugada del lunes 3. Coello dio las iniciales de los tres detenidos, dos mujeres y un hombre, apuntó a ellas como las responsables y avanzó que una había sido nombrada heredera por el fallecido tan solo unos días antes de su fallecimiento, así como que los arrestos se precipitaron porque una de las sospechosas tenía pensado abandonar el país.

El comunicado de los jueces entiende que la diligencia informativa de Coello fue excesiva. “La información dada por el subdelegado del Gobierno se produjo mientras aún eran realizadas diligencias acordadas por el órgano judicial y antes de que se diese cuenta al magistrado que llevaba el asunto tanto de su resultado como de la intención de informar de las mismas”, señala el escrito. También indica que “la información dada sobre unas diligencias que aún no terminaron puede afectar a la propia investigación, determinando la pérdida de fuentes de prueba o de indicios relevantes para la misma”.

El escrito señala que la junta de jueces “comprende la necesidad de procurar dar información”, pero expresa “desagrado por la forma empleada para revelar el contenido de unas diligencias judiciales declaradas secretas”. La queja concluye: “Entendemos que esas formas de actuación pueden afectar a la eficacia de las investigaciones que desarrollamos y vulnerar derechos fundamentales de las personas afectadas, por lo que esperamos que la prudencia determine el comportamiento de todas las Administraciones relacionadas con la investigación criminal”.