TV-3 pone fin a la habitual opacidad en la gestión de las autonómicas

La opacidad reina en las cadenas de televisión públicas. Incluso sobre quienes asumen el control parlamentario. Diputados y consejeros están acostumbrados a recibir solo parcialmente la información que solicitan a los entes públicos. Se escudan a menudo en la “confidencialidad” de los contratos. Es una tarea titánica llegar a saber, por ejemplo, los salarios de las estrellas de las cadenas públicas, lo que cuestan los programas o el alcance de la compra de derechos. “Cuando queríamos conocer los detalles de un contrato nos lo enseñaban en un despacho. No podíamos fotocopiarlo ni sacarlo”, comenta un ex miembro del Consejo de Administración de Telemadrid.

El Gobierno catalán dio ayer el primer paso para poner fin a la confidencialidad de los contratos entre los medios públicos autonómicos —TV-3 y Catalunya Ràdio—, y las productoras externas. Una medida que la desmarca de otras corporaciones y que busca calmar la conflictividad por la renovación del convenio colectivo con el gestor, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA).

El Ejecutivo de Artur Mas aprobó el martes el anteproyecto de ley para modificar las normas que rigen el sector audiovisual, en el que se quiere más transparencia: “Queda prohibida la inclusión de cláusulas de confidencialidad u otras medidas tendentes a reducir o eliminar la publicidad contractual de los contratos suscritos por la Corporación”, reza el texto, que será corregido por varias enmiendas en el trámite parlamentario.

La producción externa siempre ha sido señalada por los trabajadores de los medios públicos como una partida a ahorrar: actualmente, TV-3 gasta 76,1 millones —de un presupuesto total de 293,1 millones— en contenidos externos, el 49% menos que en 2010. La opacidad de los sueldos más altos de la cadena también se quiere solventar. Según el presidente de la CCMA, Brauli Duart, las nóminas se incluirán en el nuevo convenio colectivo.

En la corporación estatal el secretismo es también imperante. El portavoz socialista en la comisión de control de RTVE, Juan Luis Gordo, le otorga a la corporación un suspenso en transparencia (“un cuatro, en una tabla del uno al 10”). Y pone como ejemplo la respuesta que obtuvo a una pregunta formulada por escrito al presidente de RTVE. Quería conocer el informe de auditoría interna. Tras varios párrafos en los que la corporación reclamaba que el diputado especificara cuál es el informe concreto que deseaba conocer concluía: “Una vez identificado, puede consultarlo en las instalaciones de RTVE”. Los costes de los programas se suelen detallar en las auditorías de la Intervención General o del Tribunal de Cuentas.

El anteproyecto de ley catalán, que debe pasar por el Parlamento autónomo —el socio de CiU, Esquerra, ya anunció que presentará varias enmiendas— quiere poner fin a estas prácticas. También introduce cambios en la gestión. Hasta ahora, los consejeros de la CCMA tenían dedicación exclusiva, con una retribución anual de 96.593 euros, una cifra que sube hasta los 129.678 euros que cobra Duart. Con la nueva ley, solo el presidente estará obligado a tener dedicación exclusiva, y al resto se les permitirá combinar su función con los negocios en el mercado audiovisual. Podrán ser propietarios de hasta el 10% de una empresa relacionada con la comunicación, una limitación que se podrá eliminar con el permiso del presidente de la CCMA.

En cualquier caso, los consejeros deberán comunicar sus negocios en el sector audiovisual, así como los de sus parejas y familiares, al presidente del ente.

El Gobierno catalán ha presentado la nueva ley en un momento de alta conflictividad en el ente por la renovación del convenio colectivo y contra la bajada de sueldos prevista, de un 13% en el caso de la televisión y de un 10% en la radio. TV-3 inició el lunes una serie de huelgas parciales que acabará el día 20.