Una pregunta capciosa

Es decir, engañosa. Nos referimos a la primera de las planteadas por Mas, Junqueras y Herrera para la supuesta consulta a celebrar en Cataluña el 9 de noviembre de este año sobre las relaciones de esta comunidad con España. Aquella que plantea “¿Quiere que Cataluña sea un Estado?” Primero, es obligado despejar algunas incógnitas sobre el acierto y la viabilidad de dicha pregunta en el marco constitucional actual. Sobre todo porque dicha pregunta está estrechamente vinculada a la solicitud formulada al ‘Estado’ por los partidos soberanistas de delegar en el Gobierno de la Generalitat la facultad de convocar el referéndum sobre aquella y otra pregunta más. Referéndum, en todo caso meramente consultivo, previsto en el artículo 92 de la Constitución y desarrollado por la Ley Orgánica 2/1980, que habrá de aplicarse en el caso hipotético de que aquella delegación se produjese.

Son variadas las dificultades que la Constitución y la vigente legalidad democrática plantean para la pretendida consulta en Catalunya. Creo que es oportuno recordar, para quienes desde Cataluña encuentran en la Constitución un obstáculo a sus pretensiones, un texto que está en el origen de nuestro constitucionalismo y de nuestras democracias y libertades: “Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida no tiene Constitución” (artículo 16 de la Declaración de Derechos de 1789). Por tanto, cuidado con los atropellos que descuidan el fundamento de nuestro Estado democrático después de cuarenta años de dictadura.

Pues bien, si la delegación interesada se llegase a otorgar tendría que hacerse a través de una ley orgánica, es decir, aprobada por mayoría absoluta del Congreso de Diputados. Y, en este caso, el referéndum que se celebrara en Catalunya se sujetaría a lo dispuesto en la ley ya citada de 1980. Pero esta ley contiene una previsión que es radicalmente incompatible con las pretensiones soberanistas. Y, por otra parte, perfectamente coherente con las finalidades que pretenden las consultas populares. Que los ciudadanos respondan a una sola pregunta, que ha de ser clara, precisa e inequívoca. Por ello, el artículo 16 de la ley establece que “la decisión del votante sólo podrá ser sí o no o quedar en blanco”. Y también establece que en el escrutinio se contabilizarán el número de “votos en pro y en contra del texto sometido a consulta".

Son las reglas generales de una consulta de esta naturaleza.

El nacionalismo, por principio, como sostuvo  Calsamiglia, de forma “excluyente” e inevitable, constituye la consolidación de un nosotros frente a ellos, y genera una “diversidad de trato y consideración”,

Pero la que pretenden los dirigentes catalanes del bloque soberanista antes mencionados violenta además gravemente el actual marco constitucional. Porque en el caso, deseable por quien esto escribe y otros millones de catalanes, de que la respuesta a esta pregunta alcanzase una amplia mayoría, es evidente que Cataluña no podría constituirse en Estado en el marco democrático vigente.

La respuesta no podría ser otra que una reforma constitucional, como la que está planteándose hace tiempo de forma respetuosa y leal con la legalidad democrática, en la perspectiva de un Estado federal.

Las dificultades descritas, algunas de ellas a nuestro juicio insuperables, tienen un punto de partida cargado de errores: el nacionalismo que, ahora, quiere revestirse de movimiento popular. Porque, por más que se oculte, el nacionalismo es por principio, como sostuvo con acierto el profesor Calsamiglia, de forma “excluyente” e inevitable constituye la consolidación de un nosotros frente a ellos, y genera una “diversidad de trato y consideración”, hasta de confrontación, que, en nuestro caso, no alcanzaría solo a los demás pueblos de España sino incluso a aquellos catalanes, de nacimiento u origen, que nunca renunciaremos a la doble identidad por razones de afectividad pero, sobre todo, de solidaridad.

Y concluimos con aquellas lúcidas palabras del profesor Calsamiglia: “La pertenencia a las naciones fruto de la lotería de la vida, es una de las fuentes de desigualdad social y afecta crucialmente a la autonomía y a la posibilidad de planes de vida del individuo”. En Cataluña esa realidad está presente en la corrupción de la coalición gobernante y en el asalto privado de esa coalición a la sanidad pública.

Carlos Jiménez Villarejo es jurista y miembro de Federalistes d'Esquerres